WWF España apuntó que la Xunta de Galicia ha elaborado un informe, apoyado por algunas comunidades autónomas -entre ellas Asturias, Cantabria y Castilla y León-, que pretende obligar a Transición Ecológica a dictaminar una “evaluación favorable” del estado de conservación del lobo para “reabrir su caza y continuar con la persecución de una especie que sigue enfrentándose a riesgos graves y estructurales”.

Este informe se hizo público después de que las cinco principales organizaciones ecologistas de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) y otras, como el Fondo Lobo, solicitaran oficialmente el pasado 16 de abril a Transición Ecológica la publicación de los informes sobre la evaluación de la situación del lobo, tanto los elaborados por el propio ministerio como los de las comunidades autónomas, así como toda la información disponible.

INFORME DEL MINISTERIO

Tras analizar toda la información de dominio público, WWF manifestó su apoyo al informe técnico elaborado por el Ministerio, que concluye que el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable-inadecuado en la región atlántica y desfavorable-malo en la mediterránea.

“Esta conclusión se basa en la mejor ciencia disponible, está alineada con la metodología de la Comisión Europea y es plenamente coherente con el principio de precaución que debe regir la conservación de especies protegidas”, apuntó WWF.

Además, el informe de Transición Ecológica incorpora avances científicos esenciales, especialmente en genética y viabilidad poblacional, y “no se limita a repetir criterios obsoletos o censos históricos”, según WWF.

La evaluación ministerial indica que el número de manadas por sí solo no garantiza la conservación de la especie y que la población ibérica presenta problemas graves, entre ellos la baja diversidad genética, elevada endogamia y escasa conectividad interna, factores que reducen su capacidad de adaptación y supervivencia futura.

Asimismo, el informe identifica una elevada mortalidad de origen humano, incluida la derivada de la caza furtiva y los atropellos, que puede situarse en niveles incompatibles con la viabilidad de la población lobera.

Para WWF, el informe de Transición Ecológica aplica “correctamente” las directrices de la Directiva Hábitats, ya que evalúa la población, el hábitat y las perspectivas futuras a escala biogeográfica, como exige la Comisión Europea, y respeta el principio clave del sistema europeo de que, si uno de los parámetros es desfavorable, la conclusión global también lo será.

Ante las incertidumbres existentes, el Ministerio actúa con prudencia aplicando el principio de precaución en lugar de utilizar la falta de datos completos como excusa para reducir la protección del lobo.

INFORME AUTONÓMICO

Por ello, WWF mostró su sorpresa por el informe de las comunidades autónomas, ya que “carece de argumentos científicos suficientes para sustentar un cambio en la clasificación actual y, por tanto, la declaración de estado de conservación favorable” del lobo.

El informe presentado por la Xunta de Galicia se basa en “datos fragmentados e incompletos, muchos de los cuales han sido reconocidos como mínimos”, según WWF. “No ofrece evaluaciones sólidas de la mortalidad ni de la estructura de la población a una escala adecuada y minimiza sistemáticamente las presiones a las que está sometida la especie”, añadió esta organización.

Además, WWF indicó que ese informe “no sigue de forma rigurosa la metodología establecida por la Comisión Europea y fuerza interpretaciones favorables que contradicen el espíritu y la letra de las evaluaciones sexenales exigidas por la normativa comunitaria”.

WWF también denunció que “el objetivo político de reabrir la caza del lobo y continuar con su persecución para satisfacer intereses sectoriales y posicionamientos políticos concretos está detrás de este informe autonómico”.

Por último, la organización considera especialmente grave que esas comunidades autónomas intenten “imponer” la caza del lobo por esta vía ante los “continuos reveses judiciales” y que pretendan que se remita a la Comisión Europea su informe y no el elaborado por el Ministerio.

“Estamos ante una maniobra irresponsable que pone en riesgo la credibilidad de España ante la Comisión Europea y debilita la política de conservación de la biodiversidad de nuestro país”, recalcó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.

Del Olmo concluyó: “La protección del lobo no puede quedar supeditada a intereses a corto plazo. La ciencia, el derecho europeo y la responsabilidad con las generaciones futuras obligan a mantener su nivel de protección y su estatus de especie en estado de conservación desfavorable”.