Ese precepto, establecido en la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento gallego, fue duramente criticado por diferents portavoces de la oposición al Gobierno de Manuel Fraga, y en especial de parte del diputado de Coalición Galega, Cándido Castiñeiras, que calificó la ley de confiscatoria, "porque va a dejar a muchos viejos sin tierras ni casas ni otro patrimonio".

Por el Grupo Popular, Manuela López Besteiro justificó la medida legal con una referencia a personas con importante capital que están socialmente desatendidas por sus hijos o familiares, a lo que Sánchez Castiñeiras respondió apuntando que en adelante la unta se va a dedicar a "desheredar a los malos hijos".

López Besteiro defendió la nueva ley de Servicios Sociales de Galicia y aseguró que hará posible una red integrada e intregradora, potenciando las competencias de la administración local y avanzando en la idea de la administración única.

También insistió en matizar que la red será de titularidad pública, con la vía abierta y regulada para la concurrencia de la iniciativa privada.

El portavoz del PSOE gallego, Ramón Félix Blanco, denunció sin embargo, que la ley tiene como principal objetivo la regulación de un negocio.

A la llamada de atención sobre el elevado tono de voz que la portavoz del PP hizo a Blanco, éste le contestó que "también Jesucristo elevó la voz contra los mercaderes en el templo. Yo no soy Jesucristo, pero ustedes sí son mercaderes", concluyó el líder socialista dirigiéndose a los escaños del Grupo Popular en la Cámara gallega.