"Entendemos que invade competencias autonómicas. La normativa es tan detallada en los requisitos fijados que, en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta para determinar donde están estas zonas", indicó.

En ese sentido, y después de conocer que el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Galicia es favorable a la viabilidad jurídica de la iniciativa, el Consejo de la Xunta aprobó hoy la presentación ante el Tribunal Constitucional de ese recurso contra el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. "Es una defensa del autogobierno gallego en un sector tan sensible e importante como la energía", indicó.

Un recurso que se enmarca, según añadió la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la apuesta de la Xunta "por las energías renovables y defender la transición energética y la lucha contra el cambio climático".

Rueda destacó que el Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce a la comunidad "competencias en materias como la ordenación del territorio, el medio ambiente, la tramitación administrativa o la energía", mientras que la Constitución reserva al Estado la aprobación de la legislación básica en estas materias, pero garantizando que las comunidades autónomas puedan desarrollar esa normativa y adaptarla a las particularidades de su territorio.

En esa línea, la Xunta considera que con este real decreto ley el Gobierno central excede sus competencias y limita de forma injustificada las atribuciones que el Estatuto de autonomía de Galicia le reconoce a la Comunidad, ya que regula aspectos con un nivel de detalle tan elevado que impide ese desarrollo autonómico y vacía de contenido competencias que le corresponden a Galicia.

Así, el Gobierno central establece un conjunto tan amplio de condiciones, limitaciones y procedimientos que, en la práctica, el espacio real de decisión de Galicia queda totalmente reducido. Además, se modifica el carácter de la herramienta cartográfica diseñada para localizar las zonas de mayor sensibilidad ambiental que deben quedar excluidas de la implantación de las ZAR, que, hace falta recordar, son áreas geográficas identificadas como especialmente adecuadas para la implantación de proyectos renovables, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos de autorización.

La consejera recordó que esta herramienta cartográfica fue creada como un instrumento técnico "orientativo" para ofrecer información ambiental básica, facilitar la toma de decisiones y apoyar la planificación. En cambio, el real decreto-ley la convierte ahora en una limitación obligatoria al establecer que en ningún caso podrán formar parte de una ZAR aquellas zonas que aparezcan identificadas en esa cartografía estatal.

Por lo tanto, “una herramienta pensada solo para orientar y complementar la planificación autonómica se convierte así en un instrumento vinculante que condiciona directamente la capacidad de Galicia para ordenar el territorio”. De hecho, según los cálculos de la Xunta, las zonas susceptibles de ser declaradas ZAR en Galicia sumarían en total solo 47 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente al 0,16% de todo el territorio gallego y “sería de una forma dispersa", lamentó la consejera.

En ese sentido, la normativa europea que introduce las Zonas de Aceleración de Renovables establece que los Estados miembros deben identificar estas áreas teniendo en cuenta criterios ambientales, territoriales y patrimoniales, dejando margen para que las autoridades competentes adapten esa planificación a las características de cada territorio. En la opinión de la Xunta, el Real decreto ley estatal no respeta ese equilibrio y centraliza decisiones que deberían corresponder, en buena medida, a las comunidades autónomas.

Además, el Ejecutivo gallego indica que el Gobierno central recurrió de forma indebida a la figura del real decreto ley para aprobar una regulación de carácter estructural y permanente. Las medidas relativas a las ZAR no responden a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, requisito exigido por la Constitución para utilizar este instrumento legislativo. Por el contrario, establecen un nuevo modelo regulador con vocación de permanencia que debería haberse tramitado como un proyecto de ley, permitiendo el debate parlamentario y la participación de los órganos consultivos.

Por lo tanto, la Xunta considera necesario acudir al Tribunal Constitucional para defender el ámbito competencial de Galicia y garantizar que el despliegue de las energías renovables avance desde el respecto al modelo territorial establecido en la Constitución y al autogobierno de la Comunidad Autónoma.

La Xunta considera especialmente relevante preservar la capacidad de la comunidad para decidir cómo se planifica el desarrollo de las energías renovables, teniendo en cuenta las singularidades del territorio, la protección del patrimonio natural, la ordenación del paisaje, la actividad económica y los intereses de la vecindad de las zonas afectadas.