En una entrevista en La Sexta recogida por Servimedia, Díaz confirmó así la información publicada por ‘El País’ este jueves sobre la aprobación del refuerzo del control de jornada, que es una de las tres patas del proyecto de ley sobre reducción de jornada, junto al recorte de 40 a 37,5 horas semanales y la regulación del derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

Y es que Díaz, aunque mantuvo su convencimiento de que la reducción de jornada se va a aprobar finalmente, no confirmó que pueda entrar en vigor antes del 31 de diciembre de este año, como era su propósito y recoge el texto pactado con CCOO y UGT y que fue rechazado por CEOE y Cepyme.

“Estoy diciendo que se va a aprobar. Estamos trabajando con las fuerzas políticas”, indicó la vicepresidenta segunda, quien, sobre que se apruebe antes de que acabe este año, respondió que “trabajamos para ello”, aunque precisó: “No puedo ratificar nada al ritmo que va la política”.

No quiso pronunciarse sobre si Junts cambiará de opinión sobre la reducción de jornada, alegando que ella lleva a cabo las negociaciones con “sigilo” y “discreción”, igual que con el resto de negociaciones políticas, pero defendió que hay “margen” para el diálogo y para que todos los partidos puedan apoyar el texto de la reducción de jornada.

En cualquier caso, Díaz dirigió sus críticas hacia el PP, reprochándole que se oponga a un texto que es positivo para la ciudadanía y avisándole de que tendrán que “rectificar” su posición, como ya les sucedió con la reforma laboral de 2021 o con la subida de pensiones, cuando tumbó el primer decreto ‘ómnibus’ junto a Vox y Junts.

Y es en este escenario en el que Díaz se plantea reformar, vía real decreto, una fórmula que no requiere de votación parlamentaria, el registro horario en las empresas, de modo que sea digital, no manipulable e interoperable por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en tiempo real. Explicó que se necesitan estos cambios, y no solo por su criterio, sino porque así lo mandata el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Además, denunció el fraude fiscal que supone el hecho de que se realicen en España unas 2,5 millones de horas extra sin remunerar cada semana y denunció que el registro horario actual “no funciona” pues, en ocasiones, se hace al empleado firmar “en blanco”. Por ello, sentenció que “la clave no solo es la reducción de la jornada laboral, sino que se cumpla”.

Finalmente, sobre las dudas de la parte socialista del Ejecutivo de coalición sobre que la reducción de jornada se pueda aprobar, Díaz lamentó que todas las medidas que ha aprobado en su Ministerio ha contado siempre con el rechazo inicial o las dudas del PSOE, pero luego han salido adelante, como la reforma laboral o la ‘ley rider’, ambas pactadas con sindicatos y patronal.