La Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión a destinar el 5% de sus ingresos de explotación para financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%.

El 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España.

Las compañías fiscalizadas fueron Mediaset, CRTVE, Atresmedia, Orange, Vodafone, Multicanal, Walt Disney, NBC Universal, Fox, Teléfonica, Veo TV, 13TV, Net TV, Cosmopolitan, Sony Pictures, Viacom y History Channel. A diferencia de ejercicios precedentes, en los que alguna empresa no destinó el dinero mínimo requerido a cine y series, en esta ocasión todas superaron la obligación de dedicar el 5% de sus ingresos a la producción de obras audiovisuales (en el caso de CRTVE, el 6%).