La iniciativa, que será debatida en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapaidad, pide al Ejecutivo que, en coordinación con las administraciones públicas competentes, mejore “la formación de los y las médicos pediatras para la introducción de terapias tempranas en el tratamiento de la tartamudez”.

En este sentido, incide en la necesidad de que incluya la tartamudez en la cartera de servicios sociales de la Seguridad Social y se revise el baremo sobre la tartamudez para la obtención de la discapacidad.

Asimismo, aboga por introducir a los profesionales logopedas, psicólogos y maestros de audición y lenguaje necesarios en los ciclos educativos para ayudar a los niños y niñas con tartamudez y a sus familias.

Por último, establece la elaboración de un censo de personas con tartamudez y el desarrollo de planes específicos a favor de la inserción laboral de las personas con tartamudez.

La tartamudez afecta, según estimaciones de la Fundación Española de la Tartamudez, a unas 800.000 personas en España y el colectivo sufre una tasa de paro superior a la media, ya que ocho de cada diez casos de personas con tartamudez no superan las entrevistas de selección para un empleo.