Ambas organizaciones criticaron en un comunicado que la enmienda “impediría que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ocupar cargos electos si existe una sentencia judicial que así lo estime”.

Plena Inclusión y la AEFT entienden que esta propuesta, lejos de acercarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, supone “una clara discriminación hacia estas”, al establecer que, por razón de discapacidad, “el juez o jueza deberá pronunciarse estableciendo restricciones tanto al sufragio pasivo, lo que les impediría acceder al ejercicio de cargos públicos”.

“El PP se posiciona claramente en contra de las propuestas realizadas por las entidades sociales”, criticaron estas entidades que añadieron que “este planteamiento supone una clara muestra de discriminación por razón de discapacidad tal y como se expone en la citada convención, así como en la propia legislación española”.

Por todo ello, Plena Inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares solicitaron que el Congreso lleve adelante la reforma de la Loreg tal y como acordaron todos los grupos parlamentarios por unanimidad el pasado mes de noviembre y pidieron al resto de formaciones políticas que bloqueen esta propuesta del PP.