La primera de ellas se refiere a la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para asimilar a la consideración legal de personas con discapacidad a aquellas que tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia, en cualquiera de sus grados.

Con esta equiparación, consistente en que a la persona con reconocimiento de dependencia por mandato legal se la considerará también persona con discapacidad con un 33% de grado, se evitaría la carga que supone la doble valoración de dependencia y discapacidad, a la que ahora se obliga a las personas que necesitan apoyos para su autonomía personal.

La segunda iniciativa que verá el Pleno de Senado esta semana guarda relación con la modificación de la Ley General de Carreteras para que se exima por completo del pago de peajes en autopistas a los vehículos de personas con reconocimiento oficial de movilidad reducida, cuando los conduzcan ellas mismas o sean transportadas en dichos automóviles.

Esta medida, en vigor en varios países europeos, facilitaría la movilidad de las personas con discapacidad al abaratarse el uso de vehículo privado, que para estas situaciones estaría exento del abono de peajes en el uso de las autopistas.

El Cermi espera que todos los grupos parlamentarios respalden con su voto favorable estas propuestas del Grupo Unidos Podemos, ya que "supondrían avances sociales tangibles para las personas con discapacidad y en situación de dependencia".