Realizar una constitución o aportación a un patrimonio protegido, un poder preventivo, una autotutela o un documento de voluntades anticipadas; formalizar escrituras de contrato de alimentos o de hipoteca inversa y emancipar a un menor o nombrar un administrador para menores en los testamentos son algunas de las actuaciones notariales destinadas a proteger a las personas vulnerables o con discapacidad.

En este ámbito, los notarios deben realizar una labor de asesoría imparcial y gratuita para que los ciudadanos vulnerables (como personas con discapacidad, mayores, menores e inmigrantes) decidan contando con toda la información necesaria y puedan elegir el instrumento jurídico que mejor se adapte a sus necesidades. La mayoría de estas figuras jurídicas están experimentando un elevado crecimiento en los últimos años.

Así, el Consejo General del Notariado señaló que en 2007 hubo 4.204 actuaciones sobre documentos de voluntades anticipadas, nombramientos de cargo tutelar para sí mismo o autotutela, poderes preventivos para el caso de incapacidad y aportaciones a patrimonio protegido, cifra que se elevó a 19.023 en 2017, lo que supone 4,5 veces más.

El patrimonio protegido es una figura jurídica que permite que los padres, tíos o parientes hasta el tercer grado de una persona con discapacidad (psíquica igual o superior al 33% o física o sensorial igual o superior al 65%) puedan donarle unos determinados bienes, independientemente del patrimonio que la persona con discapacidad pueda tener o heredar.

Según datos del Consejo General del Notariado, los actos realizados ante notario sobre aportaciones a patrimonio protegido han crecido exponencialmente al pasar de 195 en 2007 a 1.131, lo que significa 5,8 veces más en poco más de una década.

OTROS ACTOS NOTARIALES

Además del patrimonio protegido, la legislación española contempla otros instrumentos jurídicos de protección que permiten anticipar la voluntad de una persona en previsión de que una posible discapacidad o enfermedad impida expresarla o ejercerla en el futuro.

Uno de ellos se refiere al poder preventivo (documento notarial que permite a una persona designar a otra para que actúe representando sus intereses, en caso de que llegase a perder la capacidad necesaria para manifestar su voluntad, evitando así el proceso judicial de declaración de incapacidad), que reunió 412 actos notariales en 2007 y 7.812 en 2017, lo que representa 19 veces más en ese periodo.

Por su parte, la autotutela (figura legal que permite que una persona con capacidad de obrar suficiente, en previsión de que pudiera ser incapacitada judicialmente, deje por escrito no solo cómo desea que se organicen los asuntos relativos a su persona y sus bienes, sino que además designe a la persona que desearía que fuese su tutor legal si eso sucediera) se ha duplicado desde 2007.

La realización ante escritura pública del documento de voluntades anticipadas (o testamento vital), que permite a los ciudadanos dejar por escrito las instrucciones a tener en cuenta sobre lo que considera mejor en estos casos, incluida la aceptación o el rechazo de determinados procedimientos terapéuticos, casi se ha triplicado desde 2007, al pasar de 2.287 actos ese año a 6.681 en 2017.

También hay actos notariales relacionados con las personas mayores (contrato de renta vitalicia, el contrato de alimentos y la hipoteca inversa), menores (emancipación, nombramiento de administrador para la herencia de un menor y tutela) e inmigrantes (reagrupación familia o acta de manifestaciones).