El objetivo de este encuentro era establecer las directrices para que las comunidades autónomas custodien y tramiten las historias clínicas de los cientos de miles de pacientes afectados. Para ello, el juez permitirá que la documentación clínica que está bajo custodia policial tras los registros se remita al órgano que designe cada departamento de Salud para su custodia. Además, el magistrado ha pedido a los gobiernos regionales que recopilen y envíen más documentación.

En esta causa, la Audiencia Nacional investiga a iDental por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, lesiones, contra la salud pública, apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental.

Los responsables autonómicos se han mostrado satisfechos por el grado de acuerdo y por el establecimiento de protocolos para agilizar tanto los trámites judiciales como la atención a los cientos de miles de clientes de la cadena odontológica. Sólo en la Comunidad Valenciana son 200.000 las personas afectadas; en Andalucía, se estima que pueden llegar a 90.000, en Cataluña son cerca de 42.000 y en Murcia, alcanzan los 22.000 afectados, según las primeras estimaciones. No todos ellos han reclamado, pero las peticiones podrían aumentar a partir de ahora.

A la reunión asistieron también la Fiscalía y los representantes del Ministerio de Justicia, departamento que ha colaborado en la puesta en marcha de una oficina especial para apoyar la gestión de esta macrocausa y ha creado una aplicación informática específica para la eficaz tramitación del procedimiento judicial.

Según el acuerdo alcanzado, los departamentos de Salud autonómicos recopilarán toda la información clínica de los pacientes de iDental y se encargarán de su custodia. Tras su digitalización, la tendrán a disposición del juzgado durante la instrucción de la causa y podrán también facilitar copia a los pacientes que la necesiten para poder continuar con su tratamiento. Todo ello se realizará de la misma manera en todo el territorio nacional gracias al protocolo acordado.

Algunas comunidades, como Andalucía, van a crear un organismo específico para realizar esta tarea y proporcionarán recursos a la red de hospitales públicos que se tendrá que hacer cargo de los tratamientos a partir de ahora, según explicó el subdirector de Inspección Sanitaria, Blas García.

El juzgado ha impulsado esta reunión de coordinación dada la “dimensión social” de una causa que afecta a cientos de miles de personas y cuya investigación puede prolongarse en el tiempo. De hecho, el juez ha pedido a las comunidades que “den visibilidad” al caso y difundan a través de los medios de comunicación las acciones que se van a poner en marcha.

Mientras tanto, el juzgado dirigido por el magistrado José de la Mata ya ha adoptado medidas especiales de buenas prácticas en la gestión de un macroproceso que en este caso cuenta ya con 200 piezas abiertas que corresponden a diligencias incoadas en juzgados de distintas provincias. Se estima que en esta causa superen las mil piezas separadas y que el número de personas perjudicadas pueda ser de cientos de miles.

El Juzgado Central número 5 se hizo cargo de esta investigación el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia de afectados de Andalucía y se investigan los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Unos días más tarde, el órgano judicial coordinó una operación policial con registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, con el objeto de incautar información tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes.