Los datos objeto de análisis están relacionados con varias conversaciones grabadas entre la amiga del rey y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que hizo un encargo para ser desarrollado a través de su entramado societario en España, en una reunión que ambos mantuvieron en Londres en el año 2015.

En varias grabaciones que han sido analizadas por la Fiscalía, Corinna acusaba a don Juan Carlos de haber puesto a su nombre un terreno de su propiedad adquirido en Marruecos para el eludir el pago de impuestos. También le atribuía la propiedad de varias cuentas en Suiza bajo la titularidad de un familiar y el cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas de la construcción del tren de alta velocidad en Arabia Saudí.

Una vez analizado el contenido de las conversaciones, Anticorrupción concluye que los datos obtenidos, en relación a los posibles casos de elusión fiscal que, “más allá de su posible trascendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que para el Jefe del Estado reconoce el art. 56.3 de la Constitución”.

Sólo en el caso de la adjudicación del tren de alta velocidad de Arabia Saudí ve la posible comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y cohecho, ante lo que cabría “iniciar una investigación”, siempre al margen de este procedimiento, “pues ninguna conexión tiene con el mismo”.

REUNIÓN EN LONDRES

Las grabaciones se realizaron durante una reunión mantenida en Londres entre el excomisario Villareno, investigado en este procedimiento, la empresaria alemana residente en Mónaco, y un financiero español. El documento fue incautado en los registros practicados por la policía en esta causa.

La conversación grabada es, según dice la Fiscalía, más amplia que la parte publicada en prensa. En relación con el rey emérito, el ministerio público analiza las revelaciones de Corinna sobre la compra por parte de don Juan Carlos de un terreno en Marrakech (Marruecos) que acabó poniendo a su nombre.

La noble germana asegura que esta operación la han hecho con “dos o tres cosas” y que ella sufre “muchísima presión” pero que no puede transmitir estas propiedades porque eso “es blanqueo”. También el financiero español presente en la reunión se refiere a este terreno afirmando que el Rey le comentó en una ocasión que “el terreno ese se lo ha quedado ella”.

Según Anticorrupción, esta cuestión no resulta susceptible de investigación en sede penal porque no existe ningún elemento que haga sospechar que tal terreno proceda de una actividad ilícita. Aunque la titularidad formal del terreno a nombre de la interlocutora podría deberse a una posible elusión fiscal, dice el informe, los datos, “más allá de su posible trascendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva” y que se refiere a un periodo en que el rey estaría protegido por el principio de inviolabilidad.

CUENTAS EN SUIZA

Por lo que se refiere a las cuentas bancarias, Corinna explica en que el monarca tiene un pariente con residencia en Mónaco que sería el titular de sus cuentas en Suiza. Explica que es este familiar quien paga determinados gastos del Rey y relata un episodio en el que se habría reintegrado un dinero que había adelantado su marido para satisfacer unos gastos de un viaje del Rey, y ese dinero “creo venía de Suiza”, asegura.

Además, Villarejo atribuye en el curso de esa conversación al rey emérito “que algunas de las cuentas que tiene el Rey es con nombre falso”, que le habría proporcionado el director del CNI.

Una vez más, dice el ministerio público, los datos son “notoriamente insuficientes” para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas no permitiría ir más allá de lo que se conoce en el ámbito de la cooperación internacional como una “fishing expedition”.

Indica, no obstante, que la petición de sobreseimiento del procedimiento penal, no excluye todas aquellas actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria.

Finalmente, Corinna atribuye al Rey emérito el cobro de una comisión de 80 millones de euros por la adjudicación a empresas españolas del “tren de alta velocidad en Arabia Saudí”. Según su versión, las comisiones las habrían pagado tales empresas a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a otro empresario español y éste a su vez le habría dado, todo o parte, eso no queda claro en la conversación, al Rey.

La conversación alude a la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, y cuya Fase II fue adjudicada en octubre de 2011 a un consorcio empresarial compuesto por doce empresas españolas junto a dos saudíes.

Las referencias a comisiones ilegales son “más concretas” puesto que identifica el contrato, las personas, los importes del contrato y de las posibles comisiones. Además, cita la Fiscalía, estos datos contenidos en la grabación aparecen complementados por otros documentos hallados durante la investigación.

Sin embargo, en lo que atañe a la eventual intervención del hoy Rey emérito, los indicios “son extraordinariamente débiles pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento”.

Además, también se producen durante el período de protección por inviolabilidad.

Pero al tratarse de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales “sí parece procedente iniciar una investigación, al margen de este procedimiento, pues ninguna conexión tiene con el mismo” por si se hubieran producido delitos de cohecho y corrupción en transacciones comerciales internacionales.