Este Real Decreto debe convalidarse hoy en el Congreso de los Diputados y recoge medidas como reforzar la atención psicológica que reciben los hijos e hijas en situaciones de violencia machista, de manera que los menores puedan beneficiarse de este recurso sin que lo autorice el padre y agresor de la mujer.

Para introducir esta posibilidad se modifica el artículo 156 del Código Civil, algo que ha sembrado dudas entre el PP y Ciudadanos, que califican como “decretazo” la forma empleada por el Gobierno.

La vicepresidenta se defendió asegurando que el Código Civil es “una ley ordinaria” y que, por tanto, se puede modificar mediante Real Decreto, “lo que significa que lo traemos de manera impoluta y de manera constitucional”.

A juicio de Calvo, la herramienta del Real Decreto obedece a que es “el instrumento más rápido del que dispone” el Gobierno para acelerar los tiempos para aplicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo informe se aprobó en el Congreso de los Diputados hace un año.

El decreto que votará hoy la Cámara Baja también devuelve competencias a los ayuntamientos en materia de violencia de género, por lo que también modifica la Ley de Bases de Régimen Local.