Así lo manifestó la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, durante la II jornada de fiscales especialistas en la materia, donde repasó las cuestiones más “lacerantes” que inciden en las mujeres y niñas con discapacidad desde el punto de vista de la protección de sus derechos como son la esterilización forzosa, la incapacitación legal, los internamientos no voluntarios, la violencia de género, los delitos de odio, y las conductas de acoso y hostigamiento, sobre todo en el medio educativo y en los canales y soportes digitales.

Caballero también expresó la preocupación del movimiento social de la discapacidad por las personas reclusas con discapacidad y en especial por las mujeres privadas de libertad, “que se encuentran en una situación crítica, desprovistas muchas de recursos y medios para hacer valer sus derechos”.

La representante de Cermi Mujeres planteó a los integrantes del Ministerio Fiscal que maximicen todos los instrumentos que los fiscales tienen a su disposición, como promotores de la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad, para ponerlos al servicio “con total intensidad” de los derechos, la inclusión y el bienestar de las mujeres y niñas con discapacidad.

Además de la FCM, ha participado también en esta jornada Jesús Martín Blanco, delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención Internacional de la Discapacidad, quien hizo un llamamiento para que la Convención de la Discapacidad sea el marco referencial y prescriptor que guíe al Ministerio Fiscal en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, “enfatizando el papel de la Fiscalía en la persecución de los incumplimientos sostenidos y estructurales en materia de accesibilidad universal, que se convierten en devastadoras discriminaciones y que vulneran el derecho constitucional de la igualdad”.