Según esta PNL, España se encuentra entre los países con una mayor prevalencia de la enfermedad con una estimación de 250.000 personas con hepatitis C. Durante su intervención en esta Comisión, el portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª Fernández, afirmó que “según los últimos datos, hay 110.000 personas que han recibido ya el tratamiento, pero hace falta dar un paso más”.

Por ello, puso el acento en la importancia de la “prevención selectiva y una adecuada estrategia de búsqueda activa de casos que todavía no han sido diagnosticados”. Ante esta situación, los socialistas proponen actualizar el Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en España, desarrollando planes efectivos, selectivos y coordinados orientados al diagnóstico, tratamiento y prevención de la infección, y realizar una búsqueda activa de personas infectadas de hepatitis C.

Además, Fernández subrayó que “es muy importante también avanzar en el acceso universal al tratamiento de hepatitis C con los nuevos medicamentos -en especial en aquellas poblaciones que aún presentan menores tasas de tratamiento y que son precisamente las que presentan mayores riesgos de transmisión de la enfermedad-, fijando un precio justo de los medicamentos”.

CONSUMIDORES VULNERABLES

Por otro lado, la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aprobó, también por unanimidad, una PNL del Grupo Socialista en la que se reclama una “especial protección para evitar fraudes y engaños a las personas mayores y otros colectivos de consumidores especialmente vulnerables”.

En su intervención, la portavoz socialista de Consumo, Begoña Tundidor, destacó que “España tiene una de las tasas más altas de consumidores vulnerables de Europa. Las personas mayores, como también las personas con discapacidad, los menores de edad y otros colectivos especialmente vulnerables, son más susceptibles de ser víctimas de fraudes, engaños y estafas. Por ello, es necesario que gocen de una especial protección”.

En este sentido, la iniciativa socialista, que cuenta con el respaldo de la OCU, insta al Gobierno a regular y definir la figura del consumidor vulnerable, contempla requisitos adicionales de información en la venta y contratación de productos y servicios, y pide que se califique como infracciones graves los abusos contra estos colectivos.