Es uno de los puntos destacados en el ‘Acuerdo de presupuestos generales del Estado 2019: Presupuestos para un Estado Social’, un documento de 50 páginas rubricado este jueves en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias en representación del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En concreto, el documento señala que “se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo (132 millones de euros más) y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular (383 millones de euros más)”.

Además, el documento firmado por Sánchez e Iglesias apunta a que “la financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012.

CUIDADORAS NO PROFESIONALES

En lo que se refiere tmbién a dependencia, el acuerdo busca además la “recuperación de la cotización a la Seguridad Social para las familiares que cuidan”, con un impacto de 315 millones de euros en los PGE de 2019. Los firmantes consideran que fue una medida “injusta” para las cuidadoras familiares no profesionales que en 2012 el Gobierno del PP acabase con la obligación del Estado de pagar las cuotas de la Seguridad Social de este colectivo.

“Por ello se recuperará el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de personas cuidadoras no profesionales y el abono por la Administración General del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, medida de la que se pueden beneficiar unas 180.000 personas y que además tendrá un impacto positivo en las cotizaciones a la Seguridad Social”.

Sánchez e Iglesias también apuntan a la derogación de artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, “para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en nuestro país”.

El acuerdo subraya que desde 2012 se ha ido reduciendo “progresivamente” la aportación del Estado para el sostenimiento del sistema de Dependencia, “de manera que en la actualidad apenas cubre el 16% de los gastos, obligando a CC.AA. y a usuarios a asumir la diferencia”. “Además, en nuestro país hay personas a las que, a pesar de habérsele reconocido un grado de dependencia, no han recibido ninguna prestación”, denuncia el documento consensuado en La Moncloa.