La catedrática, experta en Derecho Constitucional, expresó esta opinión en su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en relación al trabajo iniciado para suprimir el término 'disminuido' del artículo 49 de la Carta Magna.

En su opinión, este vocablo tendría que ser reemplazado, por ejemplo, por 'personas con discapacidad', modificación que debería acompañarse de una reforma "mucho más profunda", a fin de ofrecer "mayor protección" a los derechos de este colectivo.

Por este motivo, Gómez se mostró partidaria de que el artículo 49, o al menos una alusión a su contenido, figure en la Sección Primera del Título 1 referida a los derechos fundamentales, que gozan de más garantías jurídicas.

Sin embargo, consciente de que esta reforma supone un procedimiento "mucho más complicado", pidió que la nueva redacción incluya una mención expresa a la obligación de los poderes públicos de asegurar estos derechos con los apoyos debidos, incluso mediante acciones de discriminación positiva, "para que luego el legislativo los desarrolle".

La propuesta de Gómez distingue de forma clara entre titularidad, ejercicio y defensa de los derechos. "La titularidad es incuestionable, y lo que algunas personas tienen son dificultades para ejercer o defender sus derechos", explicó. Por eso, dijo, "si aclaramos esta distinción, es más fácil que las administraciones protejan el ejercicio y defensa de esos derechos".

NO HAY PALABRAS INOCENTES

En cuanto a la inclusión o no de determinadas expresiones en el nuevo redactado de la Carta Magna, Gómez apuntó que "en Derecho no hay palabras inocentes", por lo que no se pueden utilizar términos que luego "no nos vayan a permitir hacer el Derecho que buscamos".

En esta línea, admitió que el empleo de 'diversidad funcional', que "tiene una clara intención normalizadora y de no incidir en la falta de capacidades", puede conducir "a una mayor indefinición". "Queda muy abierto, y me pregunto si luego va a dar lugar a verdaderas políticas", dijo.

Por el mismo motivo, Gómez expresó sus dudas sobre la conveniencia de suprimir la tipología de discapacidades (física, sensorial y psíquica) que actualmente figura en la Constitución, y defendió el término 'integración' antes que el de 'inclusión'.

"Me parece que 'integración' tiene más fuerza y en cierto sentido obliga a los poderes públicos, mientras que la inclusión depende al final del sujeto", manifestó, aunque admitió que esta última expresión "ha hecho fortuna".

Tampoco se mostró muy favorable respecto a la recogida en el texto constitucional de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -"¿y si se aprueba otra?", se preguntó-, y pidió eliminar la expresión 'grupos vulnerables' de la Ley General de Personas con Discapacidad. "Nunca he visto que definir a alguien como 'vulnerable' le ayude en la práctica", comentó, y prefirió hablar de 'vulnerabilidad' como de "una situación que puede ser temporal o no, en la que algunas personas con discapacidad entran o salen".

Gómez también abogó por superar "el tratamiento médico asistencial" vinculado a palabras como 'tratamiento' y 'rehabilitación' que ahora aparecen en el artículo 49, e incluir una mención al género para referirse a la necesidad de que los apoyos tengan en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres.