Presentó la iniciativa la diputada ‘popular’ María Ángeles Esteller, quien comenzó denunciando el “abandono absoluto en Cataluña de los catalanes que también nos sentimos españoles” frente a la “impunidad del independentismo”. Aseguró que los jueces y policías se sienten “cada vez más indefensos” porque “el Gobierno no los ampara” y se convierte en cómplice del independentismo.

“La Justicia ha estado a la altura y hasta ahora ha actuado con total independencia en la defensa de la legalidad y por eso el Gobierno no debe inmiscuirse en procedimientos judiciales”, continuó, pidiendo apoyo al resto de grupos emplazándoles a decidir con su voto si están del lado de los que defienden la democracia o del de los que no.

Por el PSOE, la contestó Juan Carlos Campo, quien partió de que hay que saber qué es la independencia judicial “y cuándo se perturba y cuándo se menoscaba”. Según dijo, consiste en la “garantía de la imparcialidad de nuestros jueces”, por lo que la propuesta del PP no tieen “nada que ver con la independencia judicial”, pues “ningún juez de este pais se sentiría menoscabado en su independencia por haber oido esas declaraciones” de miembros del Gobierno en las que el PP basó su iniciativa. “Es bueno que haya discrepancias politicas, eso conforma una opinión libre y sólida. No es admisible el hostigamiento al juez que condiciona su pronunciamiento judicial”, distinguió.

Desde Unidos Podemos, Elizo replicó que, “si alguien es responsable del deplorable estado de la independencia judicial, es el PP”, aunque con la “connivencia muchos años del PSOE”, , lo que le sirvió para asegurar que en su grupo se han sentido “solas” en la defensa de la independencia judicial.

Por ejemplo, con la querella que hoy mismo presentó Podemos contra el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, responsable de revisar la sentencia que hacía recaer el pago de los impuestos de las hipotecas en los bancos. Recordando el empeño de Unidos Podemos en que la próxima renovación de los 20 vocales del CGPJ no vuelva a ser un intercambio de cromos entre el PP y el PSOE, concluyó: “Señores del PP, votaremos que no, esta vez y todas las que sigan faltando el respeto a la memoria e inteligencia de esta cámara”.

En nombre de Ciudadanos, Marcial Gómez Balsera citó, como Esteller, “perlas” de miembros del Gobierno que han defendido que sería mejor que los líderes independentistas no estuvieran presos para matizar que lo que sería mejor es que no hubieran cometido delitos, que no hubiera habido un golpe de Estado. “Si no cumplimos la ley, tenemos que hacer frente a las consecuencias porque fuera de la ley sólo está la selva”, proclamó, pero a la vez echó en cara al PP que con su iniciativa estuviera ejemplificando el refrán “Consejos vendo que para mí no tengo” , puesto que durante su Gobierno también “hubo sonadas declaraciones que atacaban al poder judicial”, que también enumeró textualmente.

Sin aclarar cuál sería el voto de Ciudadanos, Gómez Balsera dijo que la verdadera forma de salvaguardar la independencia judicial era apoyar las iniciativas de su grupo en el mismo sentido, como su ley de refuerzo del sistema judicial o la de refuerzo de la autonomía del Ministerio Fiscal.

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, también mencionó declaraciones de miembros del PP que cuestionaban la independencia judicial, en particular en referencia al proceso independentista catalán, y a “su James Bond”, el ex comisario José Villarejo, y concluyó: “¿De verdad me quieren dar lecciones? Tengan un poco de vergüenza y dejen de montar estos shows”.

Por el PNV, Mikel Legarda partió de que en Cataluña ha habido un golpe de Estado, sino “un problema politico que no se ha abordado políticamente sino con la aplicacion de la fuerza del Estado, hasta la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha supuesto un nuevo abordaje desde el diálogo”. Acto seguido, puntualizó que “el respeto a la independencia judicial no impide el derecho a opinar sobre las resoluciones judiciales”, muchas veces por otros juristas, y concluyó que “esta cámara no tiene entre sus facultades reponer de oficio la independencia del poder judicial”, porque “esta reparación corresponde, si así lo demanda un juez o magistrado, al Consejo General del Poder Judicial”.

Por el Grupo Mixto, sólo Salvador Armendáriz de UPN anunció su voto a favor de la iniciativa declarando, en una intervención que luego criticó Rufián, que “los golpistas catalanes se situaron voluntariamente fuera de la ley, conscientemente contra la ley”, y que “aceptar como normal la presión a los jueces sería un gran error”.

Por el contrario, Enric Bataller, de Compromís, ironizó que le había defraudado que el PP no hubiera incluido en su proposición alusiones a las presiones de los “circuitos financieros” sobre los jueces, sino sólo al “monotema” de Cataluña, respecto al que al PP le “preocupa que miembros del actual Gobierno reflexionen en voz alta sobre la situación de dirigentes electos que lleban más de un año en prisión sin que haya empezado su juicio”. Y lo atribuyó a que “no han digerido” el éxito de la moción de censura.

Desde el PDECat, Lourdes Ciuró sintetizó con otro refrán, “piensa el ladrón que todos son de su condición”, la proposición del PP, que según ella “pone negro sobre blanco las prácticas del PP hasta hace escasos meses”. Por tanto, calificó la iniciativa de “cínica” y denunció: “Se alzan en defensores de un tipo de independencia judicial que no vamos a comprarles”.