El informe revela, asimismo, que la ayuda media por nacimiento se situó en 83,80 euros y que las comunidades que ofrecieron más ayudas anuales a las embarazadas en 2017 fueron Galicia, con 1,9 millones de euros; Madrid, con 400.000 euros, y País Vasco, con 350.000 euros, que, entre las tres, invirtieron el 72,51% del gasto público total en esta materia. En el extremo opuesto se sitúan Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Canarias, Ceuta, Murcia y Navarra, con cero euros.

Por su parte, Guadalajara fue en 2017 la capital de provincia “más implicada con la mujer embarazada”, al dedicar unos 100.000 euros anuales, seguida de Salamanca, con 93.000 euros, y Ciudad Real, con 90.600 euros.

Según Redmadre, Boadilla es uno de los municipios donde más ayudas se ofrecen a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, con 250 euros mensuales a las menores de 26 años embarazadas de más de 14 semanas, mientras que las diputaciones de Álava y Jaén dedicaron entre ambas casi 600.000 euros anuales al apoyo a la mujer embarazada.

La organización denunció que en España se producen 18,99 abortos por cada 100 embarazos, lo que se traduce en una media de 234,41 interrupciones del embarazo por cada 1.000 nacimientos, 93.131 el pasado ejercicio.

El mapa contrasta los datos de España con los de Alemania, país en el que nacen casi los mismos niños por cada 1.000 habitantes y que cuenta con un subsidio de maternidad de 735 euros para cada mujer embarazada y una ayuda universal de 194 euros mensuales por hijo a cargo, mientras en España se dedican 24,5 euros por hijo a cargo para rentas inferiores a 11.574 euros, según Redmadre.

A la luz de estos datos, el presidente de la organización, Antonio Torres, defendió que tener hijos “es una decisión relacionada con la donación, la entrega incondicional, con el amor”, por lo que instó a las administraciones a “tomar la decisión de sacar adelante una ley de apoyo efectivo a las madres en riesgo de exclusión social”.

Para Torres, resulta “demoledor e incomprensible” que el conjunto de las administraciones públicas “financiaron el aborto con 34 millones de euros en 2017 y solo destinaron 3,6 millones en apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad”. “Es decir, nueve de cada 10 euros son para financiar abortos, por solo un euro para apoyar a la mujer embarazada”, espetó.

Por su parte, la directora general de la fundación, Amaya Azcona, afirmó que de cada 10 mujeres que piden ayuda a Redmadre, “nueve siguen adelante con su embarazo”, y pidió una “ley estatal y en positivo de apoyo a la maternidad que luego desarrollen las comunidades”. “Las políticas de fomento de la natalidad no están funcionando en España y las comunidades que la aplican no han revertido la situación”, dijo.

En la misma línea, Alberto Ruiz-Gallardón, patrono de la fundación, subrayó que la maternidad “es un derecho, y el Estado y las administraciones están obligadas a posibilitar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y a remover los obstáculos objetivos que existen para ejercerlos”.

“Hablamos de algo extraordinariamente positivo, de posibilitar el derecho de la mujer a ser madre y de la sociedad a que las mujeres que quieran ser madres lo puedan ser”, puntualizó, refiriéndose al “suicidio colectivo” que significa para una sociedad renunciar a la maternidad, por lo que la propuesta de Fundación Redmadre “debería ser una iniciativa compartida, porque es profundamente progresista y carece de cualquier tinte ideológico”, concluyó.

A este respecto, criticó la “profunda desigualdad” existente entre los distintos territorios, que atribuyó a que “algunas administraciones han sido más sensibles sin tener la obligación legal para ello porque no existe”, por lo que exigió una ley de ayuda a la maternidad “que establezca que este derecho no pueda depender de dónde viva la mujer”.

“Hasta que eso se consiga, Fundación Redmadre seguirá estando ahí, pero sería extraordinario que, algún día, este fuese un proyecto compartido por toda la sociedad y regulado por una legislación que afectase a todos los ayuntamientos”, prosiguió, advirtiendo de que la suya “no es una petición utópica”.

En el mismo sentido, el también patrono Adolfo Suárez Illana reconoció que “un error no se arregla con otro y mucho menos con uno que acaba siendo un crimen”. “No encuentro nadie más débil que quien no ha nacido todavía ni nadie más digno de recibir ayuda”, indicó, al tiempo que reivindicó que el Estado “debe ser el brazo fuerte que defienda siempre a este niño todavía por nacer”, por lo que propone una ley de ayuda a la mujer embarazada que contenga “tantas medidas como sean necesarias para apoyar a la madre que quiera dar a luz”.

Finalmente, María Calvo, patrona de la fundación, matizó que no existe un “derecho al aborto. “La interrupción del embarazo nunca es voluntaria, es una interrupción forzada”, apuntó, para, a continuación, censurar que la sociedad actual “venda el aborto como una liberación, cuando es un fracaso social”.