A su juicio, el sistema de participación económica de los usuarios en el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aplican varias comunidades autónomas es “incompatible con la garantía de una política de ingresos mínimos para la inclusión social”.

En muchos casos, la única cantidad que dicho sistema prevé es la reservada a gastos personales o, como habitualmente denominan, de “gastos de bolsillo”. Esta cantidad, según la normativa estatal, con carácter general es del 19% del Iprem, lo que supone 102,19 euros mensuales, informó Plena Inclusión. Esta cuantía ha sido mejorada por algunas comunidades, “aunque sin superar los 234 euros euros mensuales”.

“Dicha cantidad es absolutamente insuficiente para hacer frente a necesidades médicas, de vestido, tratamientos y apoyos, relaciones sociales, actividades de ocio y culturales”, denunció la entidad.

Sobre todo, aseguró, “cuando se reconoce por los estudios realizados que el sobrecoste que supone la discapacidad intelectual en un grupo familiar supone de media 24.237 euros anuales y que puede llegar a más de 47.129 en el caso de personas con discapacidad con necesidades extensas de apoyo”.

La actual tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por Cermi es a su juicio “una oportunidad histórica para eliminar una barrera económica y un sistema claramente segregador que dificulta la inclusión social de un colectivo que, dentro del colectivo de las personas con discapacidad, tiene las rentas más bajas” y mayor desempleo.

Plena Inclusión espera de los distintos grupos parlamentarios hagan suya la propuesta del Cermi, que, como recordó, está avalada por más de 700.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas españolas.