La senadora española Miren Gorratxategi ha sido la encargada de la defensa de esta propuesta, en cuya revisión y mejora han participado activamente tanto la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) como el Cnlse (Centro de Normalización Lingüística de la lengua de Signos Española), una colaboración que ha definido como un “privilegio” y que según sus propias palabras, “le ha enseñado que las lenguas de signos son lenguas de cultura”. Por su parte, la directora del Cnlse, María Luz Esteban, ha viajado a Finlandia en calidad de experta política lingüística de la lengua de signos española invitada por la CNSE, para seguir en directo el debate.

La resolución parte de un enfoque lingüístico y antropológico de las lenguas de signos y sus comunidades, y subraya su indiscutible influencia en la construcción de la identidad sorda y la cultura sorda. A su vez, define a las lenguas de signos como un derecho en si mismo de las personas sordas que, a su vez, posibilita la consecución de muchos otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, al empleo, a la formación, o a la participación.

Para la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, se trata de una medida “fundamental para la salvaguarda de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, lenguas históricamente minorizadas que deben protegerse ya que son imprescindibles en el día a día de muchas personas sordas”. Díaz ha recordado que la protección de las lenguas de signos en España es una reivindicación constante de la CNSE y su red asociativa y ha confiado en que el Gobierno español cumpla las recomendaciones europeas y “promocione el uso de estas lenguas en todos los ámbitos”.

En este sentido, la resolución señala que más allá de contribuir a la inclusión de las personas sordas, las lenguas de signos son patrimonio no solo de su comunidad lingüística usuaria, sino de toda la sociedad, y propone la creación de un grupo de trabajo sobre el estatus y la protección de las lenguas de signos en los Estados miembros del Consejo de Europa, con miras a la posible elaboración de estándares para la protección de las lenguas de signos.

Asimismo, solicita al Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (COMEX), uno de los instrumentos legal más relevante para la protección y promoción de las lenguas minoritarias en Europa, que sugiera a los Estados la utilidad de proporcionar información sobre el estatus y la protección de las lenguas de signos durante las visitas de monitorización.

Al respecto, Concha Díaz ha manifestado que “la CNSE ha solicitado al Ejecutivo su apoyo para que la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, así como las distintas lenguas de signos de Europa, sean incorporadas en dicho tratado internacional de la misma manera que ocurre con otras lenguas minoritarias”, y ha puesto a disposición del Ministerio de Cultura “la colaboración necesaria de cara a avanzar en este proceso”.