La organización argumentó que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social mandata que “el régimen de infracciones y sanciones será competencia del legislador autonómico”, por lo que pidió a la Comunidad de Madrid que establezca un “régimen de infracciones y sanciones”.

“Llevamos cinco años de retraso en la aprobación de esta normativa y su inexistencia en la Comunidad de Madrid hace muy complicado ir eliminando las barreras sociales”, denunció el colectivo.

Para el presidente de la entidad, Javier Font, "nos tenemos que dar cuenta de que todo lo que está reclamando el sector de la discapacidad en estos momentos es y será disfrutado por toda la ciudadanía”.

Mientras que esto no ocurra, Famma considera que “nuestro Estado de Derecho sólo prestará garantías a quienes incumplen la ley para no sancionarles, pero no a la parte perjudicada”.

Font expuso el ejemplo de algunas páginas de Internet. “Esto sólo se puede arreglar con una ley de estas características que obligue tanto al sector público como al sector privado, ya que éste último se encuentra en tierra de nadie”, denunció.