Así lo destaca Álvarez en una nueva entrada en su blog ‘Valor sindical’ con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El dirigente de UGT subraya que desde el sindicato “queremos situar y reivindicar la igualdad de trato y oportunidades de todas las personas, indiferentemente de su color de piel, su sexo, su orientación sexual, su religión o su condición física; y queremos, especialmente, poner en valor el papel de las personas con discapacidad en nuestro país”.

Álvarez lamenta la “baja” participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad, con una tasa de paro que en este colectivo se sitúa 10 puntos por encima de la tasa de la población en general. Otro dato que “nos preocupa especialmente” es que el 64,84% de las personas con discapacidad en edad de trabajar son inactivas.

Por ello, UGT incide en la importancia de un “replanteamiento global” de todas las políticas de inclusión de las personas con discapacidad, basado en el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás y estimulando a las empresas para que apuesten por la contratación de estas personas. El “gran reto”, en opinión de este sindicato, es lograr la activación para el empleo de las personas con discapacidad en edad de trabajar.

Álvarez recuerda el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado a mitad de año con las organizaciones empresariales en el que “la discapacidad esté presente de forma importante”, puesto que se incluyen medidas tendentes a favorecer, a través de la negociación colectiva, la incorporación al empleo de los trabajadores con discapacidad; favorecer el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % en empresas de más de 50 personas en plantilla, o la correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad de que se trate y accesibilidad universal.

El líder sindical subraya que en UGT “cumplimos con las personas con discapacidad, y para ello trabajamos, para que la discapacidad no opere como un obstáculo que condicione tanto la inclusión social y laboral como la capacidad de defensa de sus derechos, necesidades e intereses”.