El repertorio de medidas adoptadas o programadas por estos paises incluye el endurecimiento de las medidas de asilo y la política de inmigración; restricciones a las libertades de reunión, manifestación y expresión; el ndurecimiento de las condiciones de detención; la expansión de la aplicación de la pena de muerte; más facilidades para realizar extradiciones, e incluso el uso de la tortura.

Estados Unidos, en concreto, ha adoptado medidas de prolongación arbitraria de las detenciones, aplicación de extradiciones sin garantías, endurecimiento de las condiciones de detención, incremento los poderes de vigilancia sobre los ciudadanos, erosión de los derechos procesales y restricciones a la libertad de expresión, entreotras.

El informe señala a varios paises de la Unión Europea que han puesto en marcha legislaciones restrictivas, entre los que apunta específicamente a Francia, Italia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Grecia y España.

"The Economist" señala que la mayoría de paises europeos han respondido al 11-S dando más poderes a la policía para investigar a los detenidos, que España ha puesto en marcha la ilegalización de Batasuna, que Gran Bretaña ha ampliado los poderes para interferir e-mails y otras counicaciones, que Francia ha cambiado la legislación antiterrorista para dar más facultades a la policía para detener y registrar automóviles y que Alemania ha dado a su Oficina para la Protección de la Constitución acceso directo a los datos bancarios y también ha facilitado el acceso a la información de las aerolíneas y del servicio postal.

Por otra parte, los datos manejados por Amnistía Internacional muestran que el tirón del 11-S ha servido como argumento para adoptar medidas restrictivas por part de muchos paises no occidentales, que en principio no tendrían por qué considerarse objetivos del terrorismo de ideología islámico.

Medidas restrictivas de las libertades han adoptado, por ejemplo, China, India, Zimbawe, Uganda, Singapur, Malasia, Thailandia, Filipinas, Pakistán o Corea del Sur. También lo ha hecho algún país de la antigua Europa del Este, como Hungría. En China, Indonesia, India y algunos otros paises, el 11-S se ha traducido en un recurso más frecuente a la pena de muerte.

Dese que comenzaron a adoptarse este tipo de legislaciones, Amnistía Internacional se ha mostrado muy crítica. En uno de sus informes recientes, ha advertido de que "los gobiernos no deben utilizar la 'guerra al terrorismo' para aplicar severas medidas que restrinjan las libertades civiles y permitan cometer violaciones de derechos humanos. Lo más probable es que tales medidas repriman la disidencia y restrinjan las libertades básicas. Por consiguiente, hay que oponerse a ellas".

A su juicio, "algunos goiernos están aprovechando el clima de miedo público para endurecer su legislación y su política de asilo".