El pasado mes de agosto, PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís registraron en el Congreso de los Diputados esta proposición de ley que pretende modificar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad, que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria deben ser aprobados obligatoriamente tanto por el Congreso como por el Senado, cuando lo habitual es que cuando la Cámara Alta rechaza alguna iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, ésta última pueda levantar el veto.

Para ello, el texto presentado plantea que “si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fueran rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si éste los ratifica por mayoría simple”.

El conflicto alrededor de la tramitación de esta reforma comenzó cuando los grupos proponentes pidieron la tramitación de la iniciativa por vía de urgencia, lo que fue rechazado por la mayoría que suman PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Finalmente, la toma en consideración se debatió en septiembre, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó iniciar la tramitación de esta reforma con la mayoría formada por las cuatro formaciones firmantes de la iniciativa, PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, y el apoyo de PDeCat, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Bildu. Sin embargo, desde entonces la Comisión de Hacienda, en cuya Mesa también suman mayoría PP y Ciudadanos, mantiene prorrogados los plazos de presentación de inmiendas, impidiendo que la tramitación avance.

"FRAUDE DE LEY"

Por ello, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, criticó en declaraciones a Servimedia que “este bloqueo parlamentario es una auténtica barbaridad, un fraude de ley que PP y Ciudadanos mantienen con su decisión de ampliar de una manera interesada los plazos de enmiendas en aquellas normas que han sido tomadas en consideración por la mayoría de los representantes de los españoles en el Pleno, pero que no les conviene que salgan adelante”.

“No tiene sentido que la mayoría del Pleno apruebe la tramitación de una ley y dos grupos que no representan la mayoría tengan la capacidad de bloquearlo en la Mesa”, continuó Simancas, añadiendo que, mientras un proyecto o una proposición de ley “puede tramitarse perfectamente entre Congreso y Senado en dos meses, tenemos más de 40 iniciativas de ley que llevan aplazadas meses y meses por el criterio interesado de PP y Ciudadanos”.

En cuanto a las perspectivas de que este “bloqueo” termine, el diputado socialista señaló que esto ocurrirá “cuando PP y Ciudadanos se avergüencen lo suficiente para desbloquearlo”, pero que “si no se avergüenzan nunca, puede terminar la legislatura sin tramitar estas leyes, lo cual sería un fraude mayúsculo y un desaire extraordinario a los españoles”. En este sentido, el último plazo de enmiendas abierto concluye el próximo martes, 5 de febrero, pero fuentes parlamentarias de Ciudadanos consultadas por Servimedia señalaron que no tienen decidido si volverán a prorrogar este plazo o no.

DÉFICIT DE 2019

Debido a esta capacidad de veto del Senado, el Gobierno de Pedro Sánchez fracasó en su intento de ampliar el objetivo de déficit de 2019 en cinco décimas, hasta el 1,8%, por lo que ha tenido que elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo del 1,3% que dejó fijado el anterior Ejecutivo del PP.

En concreto, el cambio de la senda de déficit consiguió en diciembre el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, sumando los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCat, Compromís y Nueva Canarias, pero una semana después fue tumbado por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Según ha explicado en los últimos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ampliación en cinco décimas del objetivo de déficit se traduciría en un incremento del gasto público en 2019 de unos 6.500 millones de euros, repartidos en 2.500 para las comunidades autónomas, otros 2.500 para la Seguridad Social, y 1.500 para la Administración Pública.

El argumento esgrimido por los socialistas para proponer dicho cambio en la senda de estabilidad es que, ya desde antes de su llegada al Gobierno, organismos como la Comisión Europea, la Airef y el FMI, advertían sobre el incumplimiento del objetivo de 2018, fijado en el 2,2% y que finalmente cerrará en el 2,7%. En este sentido, desde el Ejecutivo advierten sobre el “esfuerzo excesivo” que supondrá reducir en 1,4 puntos el déficit en tan sólo un año y su impacto negativo en el crecimiento del PIB.