Borràs, comenzó a declarar pasadas las 19.00 horas, en una jornada que había comenzado a las 10 de la mañana con la declaración de Josep Rull. La exconsejera admitió que si bien su firma en ese decreto "no era necesaria” si constituía “un símbolo para decir que íbamos a responder a la voluntad que teníamos como gobierno".

Sobre la aprobación de la ley del referéndum, dijo la acusada, se le planteaba "una disyuntiva: Por un lado, había el mandato de una mayoría absoluta del Parlament para hacer un referéndum. Por otro lado, y no le quiero quitar valor al Tribunal Constitucional, no lo menosprecio ni mucho menos..., pero era un TC que en los últimos años se había politizado”, por lo que “yo sentía que debía ser fiel al mandato del Parlament que salió democráticamente y con mayoría absoluta".

La que fuera titular de Governació explicó al fiscal en relación con las dificultades que tuvo la secretaria judicial para entregarle las actas del Tribunal Constitucional que no hubo “desbandada” en su departamento cuando acudió allí para comunicar la decisión del TC. "Puede parecer descortés, pero no era mi intención ni hubo una desbandada. (…) Yo firmé todas las actas del Tribunal Constitucional", aseguró.

Ya en el interrogatorio de su abogada, Judit Gené, la exconsejera rompió a llorar recordando el motivo por el que la funcionaria de justicia no la encontró en su despacho el día 12 de octubre: su padre había fallecido el día anterior. Por ese motivo, ese día no se le pudo notificar la advertencia del Tribunal Constitucional relativa a la suspensión de la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament el 7 de septiembre. El presidente del tribunal le ofreció parar la sesión, pero ella prefirió continuar.

Borràs está acusada por la Fiscalía de malversación de fondos públicos y desobediencia. Pide para ella siete años de prisión, 16 de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa. La Abogacía del Estado calca esa petición de pena, a excepción de los años de inhabilitación. Por su parte, la acusación popular de Vox la acusa de esos dos mismos delitos y solicita siete años de cárcel y 300.000 euros de multa.

En un momento del interrogatorio del fiscal, la exconsejera aseguró que "no se gastó ni un euro público por el referéndum. Ni mi departamento ni el de nadie más". Borràs explicó sobre un contrato marco que suscribió para la compra de sobres y papeletas que no tenían ninguna relación con el referéndum del 1-O, sino con la posible convocatoria de elecciones autonómicas.

"En mitad de todo eso anunciaron una querella contra mí y contra el secretario general del Departamento de Gobernación", explicó Borràs. El representante del ministerio público le advirtió que aún no había empezado “con temas de malversación. Entiendo que hacer un contrato por las elecciones catalanas no es ningún delito" a lo que la acusada respondió con ironía: "Me alegra que lo diga, porque me cayó una querella por ello".

En el interrogatorio de su defensa, Borrás negó haber tenido participación alguna en la organización efectiva del referéndum y haber autorizado gasto alguno ligado a su departamento en una larga lista de respuestas en las que siempre dijo “no”.

En relación con la decisión del gobierno de la Generalitat de dejar de enviar informes semanales al Ministerio de Hacienda, Borràs aseguró que su "departamento continuó enviando semanalmente los informes sobre las cuentas de la Generalitat al Ejecutivo español”.

Borràs insistió a preguntas de la Abogacía del Estado que "la voluntad de nuestros actos era siempre solucionar una cuestión política a través del diálogo y la política" y que su intención era “llegar a un acuerdo con el Gobierno español", porque "un referéndum en España no es delito".

Como otros acusados que ya han declarado, Borràs insistió en que el Govern siempre actuó con el convencimiento de que lograría un acuerdo con el Gobierno central, aunque tuvo que admitir que en el momento de la firma del decreto de convocatoria no existía ese acuerdo.