En esta línea, Queiruga subrayó que el 8,5% de la población española tiene alguna discapacidad y que el 19% es mayor de 65 años, "por tanto, susceptible de desarrollar algún tipo de dependencia".

Por ello, reclamó a los poderes públicos y a la sociedad civil la puesta en marcha de "las medidas necesarias para que todos los ciudadanos y ciudadanas, de manera independiente a su condición, puedan ejercer su derecho a la autonomía personal conforme a su voluntad durante todas las etapas de la vida".

Asimismo, exigió la "supresión de todos aquellos obstáculos que impiden la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad", como las barreras de movilidad, la falta de accesibilidad de entornos físicos y digitales, "la existencia de un amplio parking de viviendas inaccesibles y la casi total ausencia de programas de asistencia personal".

Igualmente, reclamó desarrollar de forma plena e igualitaria en todo el territorio la Ley de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, y defendió el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de la recolección masiva de datos para mejorar la autonomía de las personas dependientes.

PROPUESTAS

El manifiesto ‘La autonomía personal, una cuestión de justicia e igualdad’ demanda la promoción de las medidas necesarias para garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la autonomía personal y puedan tomar sus propias decisiones sin injerencias externas, así como la garantía en el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, su igualdad y no discriminación.

Asimismo, insta a las administraciones a "desarrollar íntegramente" estas medidas bajo las normas establecidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, sobre todo en los aspectos relativos a la promoción de la autonomía que, según los firmantes, "han sido relegadas en favor de la dependencia pasiva".

Además, este documento reclama el impulso a la accesibilidad universal, a "productos, bienes, entornos y servicios para avanzar hacia el diseño universal que beneficie a personas de todas las edades y capacidades".

REFORMAS PENDIENTES

En la jornada participaron los portavoces en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de PP, PSOE y Ciudadanos, Ignacio Tremiño, Joan Ruiz y Diego Clemente, respectivamente. Los tres lamentaron que "la interrupción brusca de la legislatura ha dejado varias iniciativas importantes en el cajón.

Así, Tremiño se refirió a la reforma del artículo 49 de la Constitución, "un hito fundamental" no solo por los cambios terminológicos (pretende reemplazar 'disminuido' por 'persona con discapacidad'), sino por el cambio en la concepción del colectivo, que pasa de ser "objeto a sujeto de derechos".

Según Ruiz, "nos ha quedado pendiente" la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y del Código Civil en todo lo relativo a la promoción de la vida independiente para evolucionar desde las figuras de la tutela o la incapacitación a un modelo de independencia con los apoyos precisos.

Reiteró la intención del Gobierno de sacar adelante la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes no profesionales y, "si se puede", el reglamento para regular la figura del asistente personal.

Con todo, Tremiño quiso resaltar "lo positivo del consenso" con el que todos los grupos han trabajado en esta comisión para "situar a la discapacidad en la agenda política. Es verdad que estas iniciativas decaerán (con el final de la legislatura), pero no ha sido un trabajo en balde. El Congreso toma nota, y será un mandato para la siguiente legislatura".