A su juicio, esta medida “va a impulsar el conocimiento de los valores y principios recogidos en la Convención”. “Esperamos que sirva para su plena aplicación en todos los niveles políticos y sociales con el objetivo de garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad”, agregó.

La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos a la hora de diseñar políticas dirigidas a este colectivo.

Gracias a ella, se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que su ejercicio sea pleno y efectivo.

Todo ello ha supuesto importantes cambios, entre los que destacan la visibilidad de este grupo social dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.