En un comunicado, la red exigió a la Generalitat, junto al resto de instituciones públicas del Estado y a las comunidades autónomas afectadas por la sobreocupación de menores, "nuevos modelos de integración que impidan la pervivencia de un sistema que no aporta soluciones y no responde a sus verdaderas necesidades".

Además, la red anunció que se personará como acusación popular en los procesos judiciales que tengan lugar a partir de estos hechos, a fin de garantizar que se depuran las responsabilidades en todos los niveles.

En su opinión, "las instituciones han incrementado el número de plazas sin generar soluciones eficaces que permitan una convivencia adecuada ni la mediación vecinal". Tampoco se han incrementado las plazas en servicios esenciales para la integración de estos menores, como los educativos, residenciales, sociales o sanitarios.

Por otro lado, la ONG recordó que el Ayuntamiento de Castelldefels intentó el cierre de este centro al intentar revocar el uso por parte de la Generalitat de dicha dependencia.

También agradeció la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, "quienes hicieron posible una solución pacífica de este grave conflicto".

Según la red, "el alza de los delitos de odio por componente racial y la alta concentración de menores en un mismo emplazamiento es incompatible con cualquier proyecto de integración".

Por ello, instó a todas las instituciones públicas a reducir la ratio, evitar la concentración de menores en la misma unidad y a permitir que aquellos que cuenten con necesidades especiales accedan a los servicios que precisan.