Asimismo, exigió al PP y al Gobierno autonómico que “se pongan de acuerdo y eliminen su propia incongruencia a la hora de apoyar, por un lado, junto con el resto de formaciones políticas, la modificación del decreto que actualmente discrimina a las personas con discapacidad en las estaciones de servicio y por otro, la negación de llevarlo a cabo”.

Font recordó que todos los grupos parlamentarios acordaron en enero de 2016 por unanimidad incorporar como disposición adicional el siguiente texto: "Todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable, debidamente formada, de los servicios que en ella se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el presente decreto. En el caso de personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones".

Según Font, a día de hoy el sector de la discapacidad “aún ve con ojos de incredulidad la desatención que este tema ha sufrido en manos del presente Ejecutivo”. A su juicio, “sin mayor dilación se deberían poner los remedios necesarios para que las gasolineras desatendidas dejasen de incumplir con sus obligaciones en materia de accesibilidad y si estuvieran orientadas a no discriminar a las personas con discapacidad”.

Por último, Font consideró que “mientras no se solucionen este tipo de situaciones, continuará la discriminación sistemática a la que se ve sometida diariamente nuestro sector por el hecho de ser personas con discapacidad, a las que se les niega un simple derecho como es el libre tránsito por sus propias ciudades. Hechos como este, las gasolineras desatendidas, reducen la integración de las personas con discapacidad en los planes de desarrollo de una sociedad completamente contraria a la destrucción de los valores sociales”.