Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia de que la JEC volverá a estudiar este asunto en su reunión del próximo lunes, donde se examinará, entre otras cosas, un escrito presentado ante este órgano electoral por el diputado de UPN Íñigo Alli, quien pide a la autoridad electoral que "reconsidere" por "sesgada y prejuiciosa" la instrucción sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad el 28-A.

Esta instrucción, la 5/2019, hace referencia a la reforma que las Cortes aprobaron en noviembre pasado, que eliminaba las trabas que persistían en la legislación española sobre el voto de unas 100.000 personas con discapacidad intelectual. Hasta esa fecha, los miembros de este colectivo sujetos a tutela judicial debían solicitar permiso expreso a los tribunales para poder votar.

“REINTERPRETA” LA REFORMA LEGAL

En la instrucción de este lunes, la JEC establece que el 28-A, cuando acuda a votar una persona con discapacidad, un miembro de una Mesa Electoral o un interventor podrían dejar constancia en el acta si dudan de que este elector estuviera ejerciendo su derecho al sufragio “de forma consciente, libre y voluntaria”.

Este respecto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a la JEC que "anule con carácter inmediato" esta disposición, puesto que "entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral" aprobada en las Cortes en noviembre.

Por su parte, la confederación Plena Inclusión España ha pedido una reunión urgente a los responsables electorales para revisar la directriz emitida el lunes, puesto que "discrimina" a las personas con discapacidad.

Asimismo, el expresidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso Jordi Xuclà también ha demando que se “revise o anule” la Instrucción 5/2019, puesto que "reinterpreta" la reforma aprobada en noviembre pasado por las Cortes, que eliminó las trabas para que voten 100.000 personas con discapacidad intelectual.