El director de Plena Inclusión España, Enrique Galván, declaró a Servimedia que la modificación anunciada este martes mantiene la posibilidad de que apoderados e interventores adscritos a una mesa puedan apuntar en el acto el DNI de quien consideren que no está ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.

Galván apuntó que, "leída en su conjunto", se entiende que la instrucción se sigue refiriendo al voto de las personas con discapacidad, sobre las que proyecta "una sombra de duda" al sugerir que a veces no ejercen su derecho de sufragio de forma libre y consciente. De lo contrario, indicó, esta duda se abordaría en un documento referido a la población "en general".

La confederación, que agrupa a 900 entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, indicó que la JEC desaprovecha "una nueva oportunidad de avanzar en la igualdad real para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, después de años de lucha ciudadana, que 100.000 personas con discapacidad recuperen su derecho al voto en los comicios del próximo 28 de abril".

“Se ha perdido una nueva oportunidad de equiparar los derechos de las personas con discapacidad, en el derecho al voto, tal y como planteaba el espíritu de la reforma de la Ley Electoral Central (JEC)aprobada unánimemente por el Congreso en 2018”, criticó Santiago López, presidente de Plena inclusión España, en un comunicado.

Insistió en que la nueva directriz mantiene la posibilidad de que apoderados e interventores adscritos a una mesa puedan apuntar en el acto el DNI de quien consideren que no está ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria. Plena inclusión España rechaza por insuficiente el nuevo texto de la instrucción, ya que “solo aborda la duda sobre el ejercicio del voto libre, consciente y voluntario en un documento que se refiere a las personas con discapacidad intelectual y no en otro documento que aborde esta cuestión con el global de los votantes”.

Por ello, la confederación, que representa al movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y que trabaja en todo el Estado con un colectivo cercano a las 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, vuelve a exigir a la Junta Electoral Central una mayor claridad en la exposición de los motivos de modo que se zanje cualquier duda.

EMPAÑA EL MANDATO LEGAL

Por su parte, el Cermi considera que la nueva instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el voto de personas con discapacidad, que revisa la anterior que causó gran rechazo entre asociaciones y partidos, "no resuelve todas las dudas planteadas en términos de plena neutralidad para los votantes con discapacidad".

El Cermi indicó en un comunicado que aunque el texto de la instrucción revisada corrige aspectos de la anterior interpretación en el sentido de lo expuesto desde el sector de la discapacidad, no termina de eliminar todas las cuestiones controvertidas, "por lo que resulta insuficiente".

En este sentido, señaló que, "si bien la admisión del voto por parte de todas las personas inscritas en el censo, con independencia de sus circunstancias, sigue siendo obligatoria para la mesa electoral, el mantenimiento de la previsión de que se pueda alertar si se considera que el emisor del voto no ha actuado voluntaria, libre y conscientemente, aunque ahora se refiere a cualquier votante, presente o no discapacidad, perturba y empaña el categórico mandato de la reciente reforma electoral".