En una nota, la entidad señala que para hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños “es necesario realizar un profundo cambio en todo el sistema educativo” e insiste en que “un sistema educativo inclusivo necesita recursos materiales y humanos, formados ‘para’ y ‘en’ la inclusión”.

Asimismo, propone a “todos los agentes implicados” trabajar en una “hoja de ruta clara”, que contemple, entre otras cuestiones, que “el derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva”, que los titulares de ese derecho son los niños, que deben poder ejercerlo “en igualdad de condiciones” y con “la adaptación del sistema educativo”.

Satisfacer ese derecho a la educación inclusiva, añade, “es una obligación para los padres y las madres, y para todos los poderes públicos y privados”, al tiempo que precisa que “los padres y las madres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos e hijas”.

Según el Instituto Bartolomé de las Casas, para hacer efectivo el derecho a la educación es necesario realizar un profundo cambio en todo el sistema educativo, de modo que cada niño y niña debe poder desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades, “hasta el máximo de sus posibilidades, y se forme en el respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano y los derechos humanos”. Por ello, apela a la necesidad “de políticas públicas, de fondos económicos y, además, de una sociedad abierta a la inclusión”.

Para llegar a ese objetivo, el instituto apuesta por la realización de un diálogo “sereno y profundo sobre el derecho a la educación” frente a las “faltas de rigor” y “confrontación” social sobre el derecho a la educación inclusiva que aprecia en algunas manifestaciones aparecidas en los medios.

La nota destaca, además, que no hay derechos absolutos y que “encuentran sus límites en otros derechos o bienes de igual valor” y que el principio “primordial” que debe seguir la regulación que afecte a los menores debe partir del interés superior del menor.

“Mientras el sistema educativo no sea plenamente inclusivo se estará produciendo una violación del derecho a la educación de todos los niños y niñas”, añade el instituto, para recordar que los poderes públicos tienen “la obligación de garantizar un sistema educativo inclusivo, en el que los padres y las madres puedan ejercer su derecho a elegir la educación de sus hijos e hijas dando cumplimiento a su obligación de que éstos puedan satisfacer eficazmente su derecho a la educación inclusiva”.