“Desde el movimiento asociativo que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclamamos que el Ministerio de Función Pública respete los compromisos adquiridos en relación las exigencias que fija la ley”, reivindicó Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, la confederación que agrupa a 900 entidades de todo el Estado.

En julio pasado, el Ejecutivo anunció que se convocarían 167 nuevas plazas de empleo público y otras 120 de promoción interna en la modalidad de reserva del 2% para personas con discapacidad intelectual. Hasta el momento estas previsiones no se hayan llevado a efecto, subrayó.

Por otro lado, desde Plena Inclusión se insiste en que todavía algunas comunidades autónomas no han realizado convocatorias específicas para plazas que deben ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

En estos días sí que se incorporarán a sus puestos de trabajo en administraciones públicas 299 personas con discapacidad intelectual que obtuvieron sus plazas en convocatorias anteriores.