En declaraciones a Servimedia, subrayó que “en el ámbito del derecho a la educación inclusiva, como es un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, no debería de haber esa dispersión normativa”, en referencia a las distintas leyes autonómicas en la materia. “Evidentemente un niño con discapacidad lo es en Madrid, en Andalucía y en Murcia y esas necesidades de apoyo no deben estar diferenciadas por modelos autonómicos”.

“Al ser un derecho fundamental, una cosa esencial sería que se promulgase una ley integral de educación inclusiva. Sería una ley de ámbito estatal, que por lo menos los principios esenciales estuviesen establecidos y no tener varios modelos en función de la legislación autonómica. Eso no tiene sentido ni congruencia y produce situaciones verdaderamente de disfunción. La educación inclusiva tiene que ser general”, indicó, apuntando a que “hay una necesidad urgente de una ley integral de la educación inclusiva estatal”.

Asimismo, el experto resumió la educación inclusiva en “educación en igualdad o para todos, sin discriminación de ningún tipo y en concreto para las personas con alguna discapacidad”, algo que, subrayó, “está plenamente reconocido como un derecho fundamental” en la Constitución Española y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, entre otras normas.

Esta convención, explicó, está en vigor en España desde mayo de 2008 y “es vinculante y es aplicable incluso con preferencia ante cualquier norma estatal o autonómica en materia de educación inclusiva”.

¿ESPECIAL U ORDINARIA?

“Desde el punto de vista de si existe el derecho a la educación especial o a la educación ordinaria la precisión es que sólo debe haber una educación, que es el sistema educativo general. Es una realidad que en España existen centros de educación especial y que hay padres que llevan a sus hijos a esos centros”, prosiguió.

Pero Juan Rodríguez Zapatero considera, “desde el punto de vista jurídico y normativo”, que “esos centros no están ajustados a la convención”. “Entonces, hay que pensar en que hay que ajustar nuestro sistema educativo de los niños y niñas con discapacidad a la convención, como un derecho fundamental”, reclamó.

Para ello, desde su perspectiva, “tiene que irse a una transformación”. “La polémica pública que ha saltado muy vehementemente y con mucha contundencia estos meses está un poco desenfocada. No se trata de sustituir esos centros de la noche a la mañana sino en ir transformándolos en centros de recursos y de apoyo a los centros educativos ordinarios. Ahí hay unos profesores, hay unos medios y pueden ser válidos, pero orientados desde un punto de vista a la inclusión educativa”, zanjó.