Durante su intervención, Marta Muñoz afirmó que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas sordas pasa por incluir la lengua de signos en dicho proceso: “La justicia ha de ser igual para todos los ciudadanos, y como tal, debe contemplar el respeto a nuestros derechos lingüísticos”.

En este sentido, la CNSE considera que un primer paso sería modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los mismos términos que se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2015, de tal modo que se asegure la presencia de intérpretes de lengua de signos durante todas las instancias del proceso judicial.

Como medidas urgentes, solicitó la creación de una bolsa de intérpretes de lengua de signos específicos para el ámbito judicial, y la consiguiente traducción a esta lengua de documentos considerados esenciales. “La desinformación agrava el riesgo de exclusión que ya amenaza a las personas sordas, y por tanto, debe paliarse”, manifestó la asesora jurídica de la CNSE.

Especial atención es la que la confederación reclama para las mujeres y las niñas sordas, ya que “se enfrentan a continuos prejuicios sobre sus capacidades por el hecho de ser mujeres, ser personas sordas y utilizar la lengua de signos”. A ello se suman “actitudes y actuaciones machistas y sexistas a menudo violentas, que atentan contra su libertad, su seguridad y sus vidas”.

Una situación que Muñoz calificó de “violación de los derechos humanos y grave impedimento para la igualdad de género” y ante la que demanda “firmeza para hacer valer los derechos de este colectivo y garantizar su acceso igualitario, a través de mediadoras sordas y profesionales conocedores de la lengua de signos, a los servicios y recursos disponibles para el conjunto de la ciudadanía”.