La denuncia, según informó este jueves Plena Inclusión, "se basa en el caso de una persona con una discapacidad intelectual del 73%, previamente reconocida, a la que se juzgó por un delito cometido en 2013, sin que en ningún momento se le facilitaran ajustes de procedimiento necesarios para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo".

Esta organización sostiene que de acuerdo con los hechos contrastados: ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración detectó que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual pero cuando se acreditó ante el juzgado, tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma.

El acusado, a preguntas del juez, afirmó en el juicio no entender alguna de las preguntas que se le formulaban, pese a lo cual el magistrado reformuló las preguntas sin cambiar las palabras impidiendo su comprensión.

Plena Inclusión, en su denuncia, aporta un informe realizado por el Grupo de Investigación de Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid en el que se acredita fehacientemente que la persona con discapacidad intelectual, actualmente cumpliendo condena a 25 años de prisión, precisaba de la realización de flexibilizaciones en su procedimiento.

Plena Inclusión España presentó, en colaboración con Plena Inclusión Castilla-La Mancha, un recurso contra la decisión judicial condenatoria que ha ido recorriendo las diversas instancias hasta alcanzar el Tribunal Constitucional. Señala que respondió el alto tribunal inadmitiendo el recurso por entender que no se cumplía el requisito de “especial trascendencia constitucional”. Al agotar todas las vías jurisdiccionales nacional y teniendo en cuenta que el Estado español no dio respuesta a la demanda por “ausencia de ajustes razonables”, Plena Inclusión España se ha dirigido ante el Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad para solicitar amparo. En el caso en que este Comité admitiera a trámite la comunicación, se convertiría en un hecho histórico sin precedentes, ya que sería la primera denuncia aceptada en este sentido.

Hay que recordar que el Estado español ratificó en 2008 la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad aceptando garantizar los derechos en ella establecidos. Además, en el informe de Observaciones Finales que España acaba de recibir del Comité, este advierte que España está obligada a garantizar, a las personas con discapacidad investigadas o imputadas, la accesibilidad y ajustes de procedimiento en todas las fases de los procedimientos judiciales, incluyendo sistemas de apoyo para la adopción de decisiones que garanticen su derecho de defensa.