El objetivo es que el reconocimiento de una situación de discapacidad en un país dado surta efecto en cualquier otro país miembro de la Unión Europea, explicó el Cermi en un comunicado. Destacó que en la actualidad no existe un estatuto europeo de la discapacidad que aclare esta noción, más allá de los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al ser la Unión Europea parte de esta tratado internacional.

De este modo, cada país europeo tiene su propia regulación legal en esta materia, sin que lo reconocido en un Estado produzca efectos en otro. Esto obliga a las personas con discapacidad que se trasladan a vivir temporal o definitivamente a otro Estado miembro a solicitar la declaración nacional de discapacidad si se cumplen los requisitos específicos establecidos en cada caso, apuntó el Cermi.

A su juicio, "esta discontinuidad en la declaración y reconocimiento europeo de las situaciones de discapacidad, puerta de acceso a los apoyos, recursos y prestaciones, retrae en gran medida a las personas con discapacidad de plantearse la movilidad entre países". Ello les sitúa en posiciones más desfavorables y sin las mismas oportunidades a la hora de afrontar los estudios, el trabajo o el cambio de residencia, concluyó.