Por este motivo, reclamó a los creadores, diseñadores, desarrolladores, promotores y titulares de aplicaciones móviles, público y privados, que doten de plena accesibilidad a estos canales, de uso masivo en todo el mundo, y que constituyen vía privilegiada de información, comunicación y realización de gestiones de todo tipo.

Las exigencias de accesibilidad no se detienen en Internet, sino que se extienden de modo natural a las aplicaciones móviles, que se han convertido en parte esencial del mundo digital y que sin condiciones de accesibilidad excluyen por definición a amplias capas de la población usuaria, como personas con discapacidad y personas mayores.

Tras la entrada en vigor del real decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, las aplicaciones de las administraciones, organismos y empresas públicas, legalmente han de ser accesibles, incurriendo en infracción aquellas que no reúnan condiciones de accesibilidad.

El Cermi concluye que continuará su "acción de presión e incidencia política para que el legislador establezca también obligaciones normativas de accesibilidad para las aplicaciones de personas privadas, pero hasta tanto sea exigible, se insta a todos los operadores no públicos a que proporcionen accesibilidad a estos canales".