“Se trata de un proyecto que no es meramente terminológico, aunque por supuesto que pasa por eliminar el término ‘disminuidos’, que es poco apreciativo con las personas con discapacidad”, afirmó en declaraciones a Servimedia el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.

A su juicio, debe ser una modificación que debe “consagrar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos” y debe regular la inclusión social como principio fundamental y hacer alusión a la colaboración de las administraciones y poderes públicos con el movimiento social de la discapacidad.

Además, apuntó que debe hacer referencia expresa a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a la “titularidad de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad y a una protección reforzada de los derechos de este grupo social ante los tribunales de justicia por procesos específicos de urgente tutela y amparo”.

Pérez Bueno recordó que los trabajos para reformar el artículo 49 de la Constitución ya se avanzaron en la anterior legislatura, pero no se pudo aprobar finalmente por el adelanto de las elecciones, por lo que expresó su deseo de que como sucedió anteriormente, “haya un amplio consenso, cuando no unanimidad”. Asimismo, reclamó que sea una de las primeras iniciativas legislativas que se lleve al Parlamento.

“La discapacidad puede ser una vez más un elemento cohesivo, que ayude a la unidad en los consensos básicos, que en los últimos años está siendo tan difíciles en la escena política española. Debe haber aspectos en los que haya la máxima aproximación de todas las fuerzas políticas, como ya sucedió con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y de la Ley del Jurado Popular”, apostilló el presidente del Cermi.