Así se recogía en la orden por la que se modifican los requisitos para optar a una de estas ayudas, cuya nueva convocatoria por valor de 35 millones de euros aprobó el viernes el Consejo de Ministros. En declaraciones a Servimedia, Pérez explicó que esta medida "es fruto de una propuesta de Cermi, presentada durante el período de consulta pública de cara a la elaboración de la orden".

Asimismo, destacó su deseo de que esta medida "sirva de estímulo y de llamada de atención a la industria cinematográfica", que hasta la fecha "no se ha mostrado muy abierta a reflejar la diversidad que existe en nuestra sociedad".

En su opinión, el sector cinematográfico "necesita muchas medidas de acción positiva para llegar a la normalización laboral" de las personas con discapacidad, con lo que esta nueva obligación legal fomentará que participen de forma activa en la producción cinematográfica.

En esta línea, consideró muy positiva esta medida, que ayudará a crear nuevos empleos de personas con discapacidad en todas las categorías laborales: actores, técnicos, guionistas, cámaras, ayudantes, etc. "Ya que se da dinero público a actividades privadas, es justo velar por que esas actividades cumplan ciertos fines sociales", recalcó.

MÁS ACCESIBILIDAD

Por otra parte, el presidente del Cermi lamentó que los nuevos requisitos impuestos por Cultura no sean más exigentes en cuanto a la accesibilidad. Según fuentes del ministerio, la inclusión de medidas de accesibilidad como el subtitulado o la audiodescripción en las películas mejorará la puntuación de cara a obtener ayudas, pero no será obligatoria.

En cambio, en la propuesta que el Cermi presentó a Cultura figuraba que aquellas películas que no garantizasen la accesibilidad a los espectadores con discapacidad no pudiesen optar a subvenciones. Por eso, "lo valoramos de forma negativa", pues se podría haber aprovechado la oportunidad, concluyó Luis Cayo Pérez.