"Tras distintas conversaciones con la Dirección del Área Territorial (DAT), no existe ni la más mínima intención de llevar a cabo un diagnóstico sobre las necesidades de adaptación de los colegios para que los niños puedan ir a aquel que quieran, en igualdad de condiciones que el resto. Dicha situación los discrimina, los excluye y los limita a ser diferentes en un contexto nada integrador", indica el comunicado.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Según el presidente de Famma, Javier Font, “esta situación, entre otras cuestiones, condiciona la libre elección del centro y dificulta la vida de las familias, que, en muchos casos, tienen que desplazarse a kilómetros de su domicilio, perjudicando seriamente el vínculo social del menor con su entorno”.

Así, agrega la federación, "menores con hemofilia, con fibrosis quística, con diabetes o con necesidades urológicas, entre otros, ven condicionada la asistencia a un horario indeterminado y circunstancial, dependiendo de si el profesional que realiza funciones sanitarias o de apoyo educativo en el centro las realiza de manera permanente o itinerante entre distintos centros educativos".

A su juicio, "es vergonzoso que el documento que edita la Comunidad de Madrid con carácter anual sobre 'Datos y Cifras de la Educación 2018-2019' no recoja ni un solo dato que concrete la situación actual del alumnado con necesidades educativas especiales (que padezcan una discapacidad física u orgánica), ni tampoco el estado de situación de la accesibilidad en estos centros educativos".

Agrega que "existe importante falta de transparencia a la hora de facilitar datos sobre el número de DUES que deben atender las necesidades de estos alumnos, la cual no permite tener un conocimiento real de la situación, algo con lo que juega la Administración para que sea un problema reclamar el derecho de asistencia".

HABLAR CLARO

Javier Font agregó que "tenemos que hablar claro para que la sociedad entienda que un menor tiene que programar necesidades urológicas a horarios concretos que, en muchos casos, se alteran por cuestiones puramente biológicas y perjudican seriamente a la salud del menor. Es decir, tienen que programar, como si fuera un robot, la hora en que puede miccionar".

Según Famma, "la Administración tiene un mandato claro, como es la puesta de medios tanto de personal cualificado como de la adecuación de instalaciones con fines claros de inclusión".

"Ante la pasividad y el panorama tan desolador que genera la situación para los niños y las familias", continúa la nota, "la federación, como representante de las personas con discapacidad física y orgánica en la Comunidad de Madrid, está interesada en que se cumpla toda la normativa vigente sobre educación, como así se establece en Real Decreto 29/2013, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. Dicha normativa establece que la libertad de elección del centro escolar deberá ser 'en igualdad de oportunidades' y 'en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. En su artículo 4 además establece que la Consejería de Educación deberá garantizar la efectividad de este derecho mediante la programación anual de la oferta educativa, garantizando una oferta suficiente y plural de plazas escolares".

Según la federación, en los casos de los alumnos con una discapacidad física u orgánica "no se está cumpliendo el principio de igualdad de oportunidades, ya que no todos los alumnos pueden acceder al centro escolar más próximo a su lugar de residencia, o al que sus padres quieran elegir, ya que los mismos no se encuentran adaptados para ellos, rompiendo así el principio de igualdad de oportunidades mencionado anteriormente".

DISCRIMINACIÓN

Según Font, "aparte de vulnerar el derecho a la educación recogido en la CE y en la Ley 1/2013, se está discriminando a las personas con discapacidad por falta de recursos, provocando la asistencia a centros que nada tienen que ver con los deseos de padres y alumnos, ya que en numerosas ocasiones, teniendo un centro en la puerta de su domicilio, tienen que acudir a otro a mayor distancia, causando numerosas dificultades para el desplazamiento del alumnado al centro, dificultando también la relación social del alumno con sus compañeros".

También se vulnera, agrega, los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, "ya que en el artículo 24 se establece que la educación de las mismas debe ser de una manera efectiva, que garantice una participación en la sociedad libre, que no se provoque su exclusión del sistema general de educación, y siempre en igualdad de condiciones con un tipo de educación que sea inclusiva, de calidad y gratuita, y siempre dentro de la comunidad en la que vivan".

"La federación ya trabaja sobre la vía judicial para intentar resolver esta situación que tanto daño está haciendo a los menores y a las propias familias por la pasividad y dejación de la propia Administración", concluye el comunicado.