Casado recordó que la Comunidad de Madrid cuenta con una gran red de centros y servicios creada por asociaciones y fundaciones familiares y sin ánimo de lucro, para dar atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que, en su mayoría, está concertada con el Gobierno Regional, bajo un modelo sobre el que hay que reflexionar, tanto en lo técnico como en lo económico.

En este sentido, el presidente de Plena Inclusión Madrid explicó que cuando se concibió este modelo se trabajaba bajo parámetros de carácter asistencial que, a día de hoy es preciso flexibilizar. En estos últimos años ha habido algún avance en la concepción de los centros ocupacionales, es necesario también repensar el resto de servicios “poniendo a la persona en el centro de los mismos y permitiendo una mayor flexibilidad de los apoyos con el fin de que los recursos sirvan para dar una respuesta adecuada a los proyectos vitales e individuales de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. No son las personas quienes han de adaptarse a los servicios existentes, sino al revés”.

“Avanzar en nuevas fórmulas de concierto entre las organizaciones sociales y la Administración es también importante para dar esa flexibilidad y también estabilidad a los recursos, donde el actual modelo impone criterios economicistas”, añadió.

MEJORAS ECONÓMICAS

En este sentido, Casado explicó que el movimiento asociativo planteará también mejoras económicas en los servicios contratados por la Administración. “Durante los años de la crisis nuestras organizaciones fueron solidarias y asumieron un importante descenso en sus recursos, sin que a día de hoy haya sido posible recuperar esos niveles”.

Esta situación se ha agravado de manera considerable con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo, “que conlleva un aumento de los costes salariales con un impacto muy fuerte en nuestras organizaciones en las que, los gastos de personal tienen un gran peso presupuestario. Para muchas organizaciones, la situación económica comienza a ser delicada”.

Para Casado, la concertación de plazas tiene que tener en consideración estas cuestiones “que son vitales para poder seguir dando una atención de calidad a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Nuestro objetivo es por tanto poder sentarnos con el futuro Gobierno para hablar de estas cuestiones que preocupan a nuestras organizaciones y trabajar conjuntamente para buscar entre todos la mejor de las soluciones”, puntualizó.