El Cermi denunció en un comunicado que la permanencia de la posibilidad de someter a prácticas de esterilización sin el consentimiento de la propia persona, fundamentalmente mujeres con discapacidad, es hoy "la mayor violación de derechos" contra las personas con discapacidad que persiste en el ordenamiento jurídico, por lo que "urge su desaparición legal".

Precisamente el pasado mes de abril el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas instó a España a derogar del Código Penal en el plazo de un año esta facultad, gravemente contraria a los derechos humanos.

Para dar efectividad a este mandato, el Cermi anima a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a presentar cuanto antes la correspondiente iniciativa legislativa de reforma del Código Penal, cuyo texto modelo la plataforma de la discapacidad tiene preparado, para desterrar definitivamente del Derecho español la esterilización forzosa.