Para ello, según afirmó este miércoles el Gobierno regional en una nota, está trabajando en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que las nuevas sedes judiciales de la región tengan asegurada esa accesibilidad universal "al máximo".

La Comunidad de Madrid tiene en marcha una hoja de ruta hasta 2025 para la unificación y construcción de nuevas sedes judiciales, con una inversión prevista de 90 millones de euros.

El primer ejemplo de esta colaboración con el Cermi, apuntó la Comunidad, va a ser el nuevo edificio judicial que se incorpora al núcleo civil que se pondrá en marcha, próximamente, en Madrid capital, en el entorno de los juzgados de Primera Instancia de la calle Poeta Joan Maragall. Esta sede, en la calle Rosario Pino, va a agrupar 36 juzgados de Primera Instancia en una superficie de 9.600 metros cuadrados, distribuidos en 11 plantas.

En esta línea de garantizar la accesibilidad universal, un total de 21 sedes judiciales de la región ya disponen de 67 bucles magnéticos portátiles, que se irán extendiendo a otros edificios judiciales. Además de las actuaciones que se están llevando a cabo en las nuevas sedes judiciales, la Comunidad de Madrid también está trabajando en la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos que puedan existir en los edificios judiciales que ya están en uso en la actualidad. Entre 2018 y 2019, está previsto acometer una inversión conjunta de 3,7 millones de euros con esta finalidad.

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD

El Gobierno regional también apuntó que ya cuenta con un estudio del estado de accesibilidad de las 70 sedes judiciales que existen en la región, que ha servido de base para planificar las actuaciones que desarrollan en este ámbito.

En el partido judicial de Madrid, ya se han hecho mejoras de accesibilidad en el complejo de juzgados de Plaza de Castilla–Poeta Joan Maragall, así como en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gran Vía y en la sede del Registro Civil Único. En los partidos judiciales fuera de Madrid capital, se han hecho mejoras en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial, Coslada, Aranjuez y Majadahonda.

Además de eliminar barreras físicas, el Ejecutivo regional también trabaja para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan relacionarse con la Administración de Justicia sin limitaciones.

Así, en colaboración con Plena Inclusión Madrid y el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid va a elaborar materiales de acompañamiento y asesoramiento jurídico para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de toda la información de manera entendible. Asimismo, incluirá programas formativos específicos dirigidos a los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia sobre la atención a este colectivo de personas, que tiene unas necesidades propias.