Así se pronunció Calvo, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, después de que anoche los 83 inmigrantes que todavía se encontraban a bordo del Open Arms fuera desembarcados en Lampedusa tras la orden del fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio.

La vicepresidenta defendió que la crisis del Open Arms no fue provocada ni por España ni por su gobierno, lo que le sirvió para recordar que el Ejecutivo “se ha limitado a ayudar en todo momento”, sobre la base de la “coherencia de la seguridad y del respeto a los derechos humanos”.

Ayer el Gobierno español anunció el envío del Buque de Acción Marítima (BAM) Audaz con la misión de recoger a los inmigrantes del Open Arms y de acompañar a este barco de vuelta a España. Esto último no será posible después de que el fiscal haya ordenado la incautación de la embarcación.

Preguntada sobre este particular, Calvo sugirió que el Audaz podría atracar en Lampedusa para recoger a la “parte proporcional” de los inmigrantes que España, Alemania, Francia, Luxemburgo, Rumanía y Portugal acordaron acoger.

Ante el temor a que ese proceso de reubicación no pueda llegar a materializarse, la vicepresidenta apuntó que el Gobierno está “a la expectativa” de lo que decidan las autoridades italianas, especificando que las autoridades españolas han hablado “muchas veces al día” con sus contrapartes italianas, en las que éstas defendían la política de puertos cerrados impulsada por su ministro del Interior, Matteo Salvini, y aquellas sostenían que “la crisis que había en el barco era muy grande”.

Ante el enquistamiento de la situación, continuó Calvo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decidió que había que resolver la situación.

FUTURO DEL ‘OPEN ARMS’

Por su parte, recordó que el Open Arms no tiene permiso para llevar a cabo misiones de búsqueda y salvamento, ya que el buque estuvo retenido entre enero y abril en el puerto de Barcelona por razones de seguridad al no contar con los requisitos necesarios para realizar largas travesías con pasaje y carecer del permiso de Malta e Italia para desembarcar.

Finalmente, el Ministerio de Fomento le autorizó a zarpar con la misión de transportar ayuda humanitaria a las islas griegas de Lesbos y Samos. No obstante, en junio, cuando se encontraba en Nápoles (Italia) decidió dirigirse hacia las costas libias.

Si regresa a España, el buque puede enfrentarse a una multa de 901.000 euros, según lo establecido en la Ley de Puertos y Marina Mercante.

Sobre si existe la posibilidad de que el barco sea sancionado, Calvo afirmó que “en nuestro país, que es un Estado de derecho, las instituciones, los poderes y los ciudadanos individualmente considerados, todos, estamos sometidos a las leyes, desde las más importantes en rango hasta la última normativa del ayuntamiento de la ciudad en la que vive”.

Insistió en que “todo el mundo sabe lo que puede hacer, lo que no y evidentemente nadie está a salvo de esto, incluido un barco como éste que tiene una autorización para ayuda humanitaria. Esas son las condiciones en las que sale y puede operar”.

Por último, añadió que “no hay que recordarle a nadie las leyes, aunque no te las sepas. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, porque todos hemos de cumplir la legalidad en nuestro país”.