Así lo ha trasladado el Cermi a la Agencia europea de Derechos Fundamentales, en la contestación a la consulta pública que este organismo de la Unión Europea ha lanzado para conocer la opinión de la sociedad civil europea sobre el impacto de la Carta cuando se van a cumplir 10 años desde su aprobación.

Según señala el Comité en un comunicado, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Poco antes del décimo aniversario de este documento clave de derechos humanos, la Agencia de los Derechos Fundamentales está recopilando las opiniones y percepciones y experiencias, así como también propuestas concretas de organizaciones de la sociedad civil respecto de su aplicación en este decenio.

A modo de ejemplo, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedica un artículo expreso a las personas con discapacidad, el 26, que establece que “la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”, cuando 10 años después cuestiones como la accesibilidad universal o la seguridad de un nivel de vida adecuado resultan "una quimera" para muchos millones de mujeres y hombres con discapacidad, denuncia la organización.

A juicio del Cermi, "la Carta tiene potencial para progresar en la materialización de los derechos de las personas con discapacidad, pero solo si las instituciones europeas pasan de las declaraciones huecas a compromisos efectivos, legislativos, presupuestarios y de modelo, que activen un auténtico cambio social".