Así lo expone en su memoria anual de 2018, donde destaca su compromiso en la protección de los derechos de este colectivo "especialmente vulnerable".

Según este informe, la reforma de la Loreg motivó a su vez un oficio del Fiscal de Sala de lo Civil, para que en los procesos en curso se eliminase cualquier restricción del derecho de sufragio de las personas con discapacidad.

En cuanto a las personas internadas que no pueden decidir por sí mismas, la fiscalía asegura que se ha generalizado la solicitud de autorización judicial, y subraya los esfuerzos en la limitación de las tutelas.

Además, prosigue, las demandas que se interponen se apoyan en los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con Discapacidad.

Se ofrece así un tratamiento individualizado para cada discapacitado, procurando complementar su capacidad solo en aquellos aspectos de su autonomía personal que sean estrictamente necesarios.

La fiscalía también ha impulsado acciones para mejorar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como en lo referente al derecho de los consumidores y a la defensa de las víctimas de violencia de género.

En esta línea, se congratula ante la próxima creación (ya efectuada) de la nueva figura del Fiscal de Sala Delegado para la Discapacidad.

Finalmente, la memoria señala la mayor regulación en el uso de medios de contención y sujeción y destaca como, en algunos casos, se emprendieron acciones legales ante el uso excesivo de dichos recursos.