Así lo han manifestado durante la jornada ‘La Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios: valoración global e impacto en España’, aprobada este verano. El encuentro, organizado por el Cermi, se celebró en la sede de Fundación ONCE con la asistencia de personas expertas del ámbito jurídico y de la discapacidad.

En la mesa ‘La visión del Parlamento Europeo’, moderada por el presidente de la Comisión del Cermi Estatal de Relaciones y Cooperación Internacionales, Daniel Aníbal García Diego, la eurodiputada Rosa Estaràs realizó una valoración “negativa” de la directiva, porque según expuso, pese a que contiene avances, “hay importantes carencias y cuestiones que se deja atrás”.

También advirtió de que “no hay que bajar la guardia” para que los presupuestos recojan recursos suficientes para que las leyes se cumplan en la práctica. Igualmente, ensalzó el consenso que existe en políticas de discapacidad, ya que “aquí no hay partidos, en esto nos juntamos todos los que creemos en esto”.

Por otro lado, la europarlamentaria de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa señaló que si el sector de la discapacidad es capaz de seguir liderando el discurso en esta materia, se podrán seguir consiguiendo avances.

“No tenemos otra opción que simbólicamente darnos fuerza para que las generaciones futuras disfruten de una situación mejor que la que tenemos ahora”. A su juicio, la directiva “tiene potencial” para que se continúen mejorando las políticas de accesibilidad en el futuro.

“Todo lo que no se ha conseguido debe plasmarse en una lista y ver cómo se pueden ir logrando lo más rápidamente posible. Es el momento de reiniciar la pelea. Si vosotros no os resignáis, nosotros no os vamos a abandonar”, abundó Pagazaurtundúa.

Desde el PSOE, Gómez Chamorro incidió en que “hay que ser exigentes y vigilantes cuando nos confrontamos a los problemas de accesibilidad y económicos, porque siempre vamos a salir perdiendo”.

En este sentido, y desde un punto de vista más regional, animó a que se impulse “la obligatoriedad en los planes generales y en los informes, no solo medioambientales, sino que las consideraciones sociales de las entidades representativas del municipio y a nivel regional se tengan en cuenta como medidas correctoras”.

“NEGOCIACIÓN LARGA Y DIFÍCIL”

Previamente, la vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), Ana Peláez Narváez, impartió una ponencia, en la que afirmó que “en términos generales, se puede decir que es un momento de satisfacción, tras una negociación larga y difícil”.

En este punto, explicó que “hay estados que ya tienen una legislación en algunas cuestiones más avanzadas que la propia directiva, como es el caso de España, por lo que podemos entender que en estos países haya algo de decepción”.

En su opinión, contiene aspectos positivos como mejoras en las obligaciones de accesibilidad de productos y servicios a disposición del público o que se ponga como requisito la participación de las organizaciones de la discapacidad en todo el proceso de transposición de la directiva y para hacer el seguimiento de la misma.

“Pero en algunos puntos, la directiva no cumple expectativas y deja mucho que desear. Se han dejado al margen los servicios de atención sanitaria, de educación, vivienda o electrodomésticos. Además, contempla excepciones en servicios que abarca la propia directiva, como es el caso de determinados transportes o los servicios que prestan microempresas”, ahondó Peláez, quien advirtió de que las fortalezas y las debilidades de la directiva serán tenidas en cuenta en la próxima revisión a la que se someterá la UE sobre la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, presentó tanto el alcance de la nueva Directiva como los contenidos de la misma. En este punto, señaló que la aprobación de la directiva “supone una buena noticia, y al mismo tiempo, una decepción, debido a las expectativas que se habían generado, empezando por el nombre”.

Según indicó, “se centra mucho en tecnología”, tanto de servicios de atención al público como de los propios dispositivos tecnológicos que pueden adquirirse en el mercado.

A su juicio, es fundamental el hecho de que la directiva “homogeneiza” las condiciones de accesibilidad que deben reunir los servicios de emergencia como el 112. De igual modo, recordó que hay un plazo de unos tres años para que los Estados miembro de la UE traspongan esta directiva a su ordenamiento jurídico.