En estos términos se expresó el asesor jurídico del Cermi, Óscar Moral, durante la jornada ‘La Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios: valoración global e impacto en España’, aprobada este verano. El encuentro, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se celebró en la sede de Fundación ONCE.

El asesor jurídico del Cermi lamentó que España siga sin aprobar el reglamento de accesibilidad de bienes y servicios, un mandato recogido en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que fue aprobada en 2013 y que fijaba un plazo de dos años para que se aprobara dicho reglamento. El Cermi llevó esta cuestión a la justicia y el Tribunal Supremo le dio la razón.

En cuanto a la directiva europea de accesibilidad, Moral defendió que “va a tener incidencia en las personas con discapacidad, aunque no es suficientemente ambiciosa”. Eso sí, exigió que este texto legal sea cumplido por todas las administraciones del Estado español, incluidas las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

Por su parte, el director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat-Imserso), Miguel Ángel Valero, radiografió durante su ponencia la recepción en España de la Directiva 2019/882. En opinión de Valero, la directiva es una “buena noticia” y se ha recibido “con ilusión”, aunque en materia de accesibilidad TIC es “bastante mejorable”, ya que está muy centrada en los ordenadores, móviles, terminales de autoservicio, servicios bancarios, comunicaciones, ocio digital o web.

Asimismo, lamentó que, todavía hoy, “ninguno de los puntos de venta en el mercado ni los servicios de atención a la ciudadanía por parte de las administraciones cumplan con la accesibilidad cognitiva, sensorial y física”. En este sentido, manifestó que “las TIC pueden hacer accesible el mundo, que puede no serlo por muchas razones” y que queda “mucho trabajo por delante” hasta la aplicación de la Directiva.

El bloque económico corrió a cargo de la directora de Unidad de Fondos Europeos de Fundación ONCE, María Tussy, quien abordó la nueva programación de fondos estructurales y accesibilidad universal. Esta experta puso en valor lo que se consigue con estos presupuestos, que definió como “gran herramienta de lucha contra la desigualdad. Tenemos y podemos exigir alcanzar esta cohesión social”, para lo que es fundamental la accesibilidad.

“Hacer un diseño para todas las personas a la larga es más rentable que tener que hacer ajustes. La accesibilidad nos facilita la vida a todas las personas, y no solo a quienes tienen discapacidad”, apostilló.

Por último, la directora ejecutiva del Cermi Estatal, Pilar Villarino, fue la encargada de clausurar la jornada, advirtiendo de que el Cermi mantendrá su “carácter reivindicativo” para que la norma de trasposición recoja todos los principios que señala la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“La persona tiene que estar primero y en el centro, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, debemos trabajar con un espíritu propositivo y colaborativo”, zanjó la directora ejecutiva del Cermi.