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El Defensor del Pueblo insiste en un protocolo unificado de videovigilancia para prevenir la violencia en centros de internamiento

-La institución emitió más de 800 resoluciones tras visitar 111 centros de privación de libertad en 2018

-Denuncia la invisibilización de las internas y la falta de datos en centros de menores

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, en una imagen de archivo en el Congreso |Foto:Defensor del Pueblo
MADRID

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, insiste en la importancia de la videovigilancia para detectar y prevenir la tortura y los malos tratos en los centros de internamiento, por lo que reclama “un protocolo unificado” sobre “la grabación, extracción, almacenamiento, custodia y acceso a imágenes captadas, así como la instalación de más cámaras”.

Es una de las reivindicaciones que esta institución hace su informe anual sobre la tortura en centros de privación de libertad, documento que presentó este lunes en el Parlamento.

El Defensor inspeccionó en 2018 un total de 111 lugares de privación de libertad repartidos por 31 provincias de 17 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). En total, se han alcanzado 1.788 conclusiones que han derivado en 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales.

También insiste en su balance en la “insuficiente dotación de personal sanitario” en los centros penitenciarios, que afecta de manera “notable” a la “calidad y frecuencia” de la asistencia sanitaria y se ha hecho eco de la puesta en marcha de un protocolo de visitas a centros penitenciarios centrado en cuestiones de género. El Centro Penitenciario ‘Antoni Asunción Hernández’ en Picassent (Valencia) fue el centro elegido para iniciar este proyecto. En el momento de la visita había 2.052 personas internas, de las cuales 236 eran mujeres.

En su inspección, el Defensor evidenció la “invisibilización” que padecen las mujeres en los centros penitenciarios. La institución denuncia, por ejemplo, que los formularios solo hablan de ‘internos’ y los registros no contienen información desagregada por sexos. Además, en el acceso al tratamiento, a las actividades y al empleo remunerado, se han detectado barreras para las mujeres basadas en la organización del espacio del centro y en la distribución de la población penitenciaria.

En el momento de la visita, solamente el 8% de las internas contaba con un contrato de trabajo, recalca el Defensor. El informe también refleja que, por razones de seguridad y protección a las mujeres, se evita que las internas asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género “con lo que se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra”. Por ello, ha formulado una sugerencia para que se garantice el acceso a talleres formativos y destinos en condiciones de igualdad.

Por otra parte, la institución valora positivamente la Orden de Servicio 1/2018 sobre el control y seguimiento de las denuncias de los internos por malos tratos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que establece que todas las denuncias deberán ser debidamente registradas, con independencia de la vía por la que se llegue a su conocimiento. Así, el Defensor “confía en que esta iniciativa derive en la elaboración de un protocolo que permita una investigación y un seguimiento más completo por parte de la propia Administración de estas denuncias”.

Sin embargo, al Defensor le preocupa que “en algunas de las visitas se ha seguido detectando que no existe un libro en el que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de funcionarios con el fin de realizar un seguimiento de estos hechos”.

MENORES INFRACTORES

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene registrados en toda España 71 centros para menores infractores, responsabilidad de las comunidades y ciudades autónomas, aunque muchos están gestionados por entidades privadas. Las diferencias entre los responsables de los centros en la forma de recoger los datos impide saber cuántos menores han estado sometidos a medidas privativas de libertad en 2018, denunció el Defensor.

En concreto, en 2018 realizó ocho visitas a este tipo de centros, sobre los que el Defensor muestra su preocupación por los casos de menores ingresados en centros de comunidades distintas a las de su residencia, lo que supone un gran esfuerzo económico para su familia que, en ocasiones, llega a comprometer el mantenimiento de los vínculos con el menor.

La institución también protesta porque las consultas médicas se realizan en muchas ocasiones en presencia de educadores o personal de seguridad, por lo que apela a garantizar la intimidad de los menores. También pide reflexionar sobre el uso de contenciones mecánicas para los menores.

SALUD MENTAL

Asimismo, el informe recoge las cinco visitas del Defensor a centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, de las cuales una fue de seguimiento.

Ademas, visitó cinco centros de internamiento de extranjeros (CIE). El Defensor sigue detectando “carencias” en este tipo de centros, donde fueron internadas 7.855 el año pasado.

Entre ellas, la institución subraya que sigue sin garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos otros que se encuentran en el CIE por mera estancia irregular en España. En el ámbito sanitario, continúan sin contar con presencia médica 24 horas, carecen de asistencia psicológica y psiquiátrica y no se realizan analíticas sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas.

También se ha detectado que el derecho de los internos a recibir visitas de ong en ocasiones queda comprometido alegando motivos de seguridad.

Respecto a la repatriación de extranjeros, la institución detectó en 2018 “un alto número” de casos en los que a las personas repatriadas no les ha sido notificada la fecha y hora de la ejecución de la repatriación.

(SERVIMEDIA)
16 Sep 2019
AHP/gja/

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